La abogada Victoria Villarruel llegó al Congreso de la Nación de la mano del economista ultraliberal Javier Milei. Lejos de asumir con perfil bajo, aprovechó su minuto de fama para jurar en nombre de "las víctimas del terrorismo" quienes, cabe señalar, son para ella los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron de la dictadura más sangrienta de nuestra Historia.
Este martes fue el acto de jura en una sesión preparatoria en la que los 127 diputados que resultaron electos el 14 de noviembre en las elecciones Legislativas prestaron juramento. Y si bien fue una oportunidad para que los nuevos legisladores se presenten ante sus colegas en la Cámara, también lo fue para adelantar, en cierta medida, qué es lo que traen al Poder Legislativo y ese fue el caso de Victoria Villarruel quien, además de presidir el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), es autora del libro Los llaman jóvenes idealistas y coautora de Los otros muertos: víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los '70.
Como todas las lógicas son posibles en el universo discursivo de la ultraderecha, la ahora diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va más allá y no sólo justifica la represión por parte del Estado (de facto) a los movimientos populares sino que, además, exige que el Estado reconozca como “víctimas” a militares y a los miembros de todas las fuerzas de seguridad por el enfrentamiento a militantes de organizaciones en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. En 2006 creó junto a otros defensores de la dictadura, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, (Celtyv) para alimentar el retroceso en leyes reparadoras para las verdaderas víctimas del Terrorismo de Estado.
Si hay una frase que la defensora de genocidas repite en medios afines es la idea que confunde los derechos de las personas con la convención internacional o con políticas de Estado, un síntoma muy presente en los a medias pensadores de la derecha, así como la omisión de la violencia sistemática perpetrada por los gobiernos de facto. "Los terroristas tienen derechos humanos y sus víctimas, no", asegura.
La porteña de 46 años equipara los actos de violencia y terrorismo perpetrados por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 con los actos de violencia de las organizaciones guerrilleras, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Además de acusar directamente a Montoneros y ERP, la abogada se guarda para otra vida los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y niega con total impunidad que las personas detenidas-desaparecidas durante el Proceso de Reorganización Nacional, a cargo de Jorge Rafael Videla, hayan sido 30 mil y el robo sistemático de bebés.
"Ni todos los malos están de un lado, ni todos los buenos del otro", es la otra muletilla negacionista que la ahora diputada compartió, nuevamente, en La Nación, poniendo en el mismo nivel los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina con los de la ETA en España, y con la misma estrategia discursiva que encontró legitimidad en foros internacionales que bregan por el recrudecimiento de la violencia contra, a esta altura, el que sea.
“Las primeras mujeres en hacer las rondas en Plaza de Mayo fueron las víctimas del terrorismo”, soltó en el mismo medio sin ruborizarse, un pensamiento que coincide con las reiteradas muestras de violencia por parte de estos personajes y su militancia a nada más y nada menos que las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el chivo expiatorio de los fascistoides del siglo XXI.
Cerrar sesión