Uno de los puntos más polémicos que plantea la llamada Ley Ómnibus de Javier Milei es la regulación de las reuniones en espacios públicos. Esta propuesta legislativa ha generado un intenso debate, especialmente en lo que respecta a las libertades civiles y la seguridad nacional.
La ley, que incluye cambios significativos en el Código Penal, propone penas severas para las reuniones de tres o más personas en lugares públicos sin previa autorización del Ministerio de Seguridad. Los detalles y las implicancias de estas medidas.
Las penas para reuniones que propone la ley de Milei
El proyecto de ley presentado por el presidente Javier Milei implica un giro drástico en la manera de gestionar las reuniones públicas en Argentina. Según el texto, cualquier congregación de tres o más personas en un espacio público, considerada como reunión o manifestación, deberá ser notificada con anticipación de al menos 48 horas al Ministerio de Seguridad. Esta disposición ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en la libertad de expresión y reunión.
Además, la ley propone sanciones severas para quienes organicen o participen en reuniones que no cumplan con estos requisitos. Estas sanciones incluyen penas de prisión de dos a cinco años, lo que representa un endurecimiento significativo de las normativas existentes. La inclusión de estas disposiciones ha generado un amplio debate sobre su proporcionalidad y justicia. La responsabilidad de los organizadores en caso de daños a terceros o a la propiedad también se ve incrementada. El proyecto de ley establece que serán solidariamente responsables por cualquier daño ocasionado durante estas reuniones, añadiendo una capa adicional de riesgo para quienes convocan o coordinan eventos públicos.
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ha criticado duramente esta medida, comparándola con prácticas dictatoriales. Según Bregman, el proyecto equipara una simple reunión con una asociación ilícita, lo que representa un retroceso en derechos civiles. Esta postura refleja el temor de que la ley pueda ser utilizada para reprimir la disidencia y limitar las manifestaciones públicas.
"Para penalizar la protesta, el proyecto de ley ómnibus la castiga considerando 'reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas'. La considera igual que a una asociación ilícita. El que vota esto, vota dictadura", comentó la diputada en su cuenta de X (Ex-Twitter).
¿Qué modificaciones al código penal plantea la ley?
El proyecto de ley enviado por Milei propone cambios significativos en el Código Penal, particularmente en lo que respecta a la organización y participación en reuniones y manifestaciones. Uno de los cambios más destacados es la redefinición de lo que constituye una reunión o manifestación, estableciendo un mínimo de tres personas para considerar una congregación como tal. Esta redefinición tiene importantes implicancias legales, ya que amplía considerablemente el alcance de lo que puede ser considerado como una manifestación y, por lo tanto, sujeto a regulación y penalización.
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La inclusión de este tipo de definiciones en el Código Penal representa un cambio significativo en la forma en que se regula el espacio público y la libertad de reunión en Argentina. Además, la ley introduce penas más severas para quienes corten calles o impidan el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos. Esta modificación eleva la pena mínima de prisión de un año a tres años y medio. Finalmente, la ley agrava aún más las penas en casos donde los manifestantes porten armas o causen daños físicos.
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