A un año de haber asumido la Presidencia, la administración de Javier Milei aplicó aumentos significativos en las tarifas del transporte público, lo que se sumó al fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo en las áreas más vulnerables del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En diciembre de 2023, el boleto mínimo de colectivo costaba $52,96; hoy, ese valor asciende a $371,13, lo que representa un incremento de más del 600%. Las tarifas de trenes experimentaron subas escalonadas: 250% en febrero, 54% en mayo y 40% en septiembre, lo que dejó a los pasajeros con un peso económico mucho mayor en su movilidad cotidiana.
En una encuesta realizada en el AMBA, La Plata y Gran La Plata por el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, el 77,8% de los consultados aseguró que los tarifazos afectan significativamente su vida diaria, cifra que asciende al 84,75% en los sectores populares y desciende al 60,51% en los sectores medios.
Consecuencias de los aumentos en el transporte público
Ese estudio también evidenció un aumento en la evasión de pago del transporte público. Más del 81% de los encuestados afirmó haber presenciado situaciones donde personas evitaban pagar el pasaje, como saltando molinetes. Este fenómeno es una respuesta directa al impacto económico de los aumentos, que golpean especialmente a trabajadores precarizados y desocupados.
Cuando se les consultó sobre cuál de los aumentos ejecutados por el Gobierno revertirían si pudieran elegir solo uno, una parte significativa de los encuestados priorizó el transporte. Este rubro fue elegido por el 22,1% de los trabajadores en relación de dependencia, el 33,6% de los autónomos, el 32,9% de los trabajadores de la economía popular y el 27,82% de los desocupados. Estas cifras destacan cómo el transporte se convirtió en una de las principales preocupaciones de los diversos sectores sociales.
El aumento en el costo del transporte no solo afecta la movilidad diaria, sino que también limita el acceso al empleo, la educación y la salud, especialmente para quienes dependen exclusivamente de estos servicios.
El gobierno de Milei defendió estos desmedidos incrementos con el argumento de que las tarifas debían actualizarse para reducir los subsidios estatales y de esa manera, garantizar la sostenibilidad económica del sistema de transporte público. Sin embargo, estas decisiones no estuvieron acompañadas de medidas para proteger a la población más vulnerable.
El transporte público, históricamente un eje clave para la conectividad y la inclusión social, parece ser un lujo. A medida que avanza la administración libertaria, las decisiones sobre el futuro de las tarifas son un tema central en la agenda política y social de Argentina.
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