La llegada de Javier Milei a la Presidencia, además de un brutal ajuste en la economía y contra el Estado, trajo la reinstalación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad con su protocolo antipiquetes bajo el brazo. Este martes se vio una muestra de las dos cosas en la sede de la Jefatura de Gabinete.
El gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una actividad frente a una sede de Jefatura de Gabinete en repudio a la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desregulador de la economía y de los controles del Estado. A esta situación, se le agregó que representantes de la entidad sindical denunciaron que se instaló personal de Infantería de la Policía Federal, a modo de amedrentamiento.
Representantes de ATE de Jefatura de Gabinete señalaron que por la actividad que estaban haciendo en la puerta, "pusieron Infantería de la Federal adentro y afuera". "Pasó en el edificio de SOMISA, no era la asamblea de los trabajadores, sino que era la actividad que se había planteado y estaba militarizado todo el edificio", explicaron. "Infantería entró, hubo un operativo interno y externo para que no hiciéramos la actividad que estábamos haciendo. Pero fue una situación de mucha violencia institucional. Estaban cuidando que nosotros no tomáramos el ministerio", señalaron de ATE Capital.
Desde ATE Capital desmintieron que la asamblea se haya realizado por despidos, aunque afirmaron que esto sucederá a partir del 1° de enero de 2024. "Hay un decreto que sale la semana que viene, donde no van a seguir trabajando los contratos del 2023. Entendemos que va a ser después del 2 de enero, que es lo que va a suceder", indicaron fuentes gremiales.
Según trascendió, el proyecto de decreto que maneja Jefatura de Gabinete establece que las"contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas". Y agrega: "La presente medida comprende las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023".
El artículo 2° del proyecto abarca las excepciones al anterior punto, que refiere a contrataciones. Dice que son "derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación" y de "personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.
Luego, se establece que"las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164 y del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor a noventa (90) días corridos".
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