La retirada del Gobierno del paquete legislativo antisindical que impulsa la UCR puso al descubierto un armisticio con la CGT que el ala dialoguista de la administración libertaria espera soldar a largo plazo. Fue el capítulo más visible de una negociación silenciosa que urdieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y, sobre todo, el asesor plenipotenciario Santiago Caputo con la "mesa chica" de la central con protagonismo excluyente del albañil Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción, Uocra).
Como reveló en exclusiva El Destape, el hito que marcó el acercamiento de ambas partes fue el encuentro a solas que mantuvieron Martínez y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger el 10 de septiembre. Allí se acordó que el Ejecutivo no reglamentaría el punto más sensible del capítulo laboral de la reforma laboral, la consideración de los bloqueos de empresas como "grave injuria laboral" y, en consecuencia, pasible de despido directo sin derecho a indemnización. Ese ítem quedó tal como salió votado del Congreso, en una decisión salomónica de los funcionarios entre la presión de los sindicatos por atenuarlo y de los empresarios, por hacerlo lo más abarcativo posible.
Aquella charla logró romper con la desconfianza que había entre el ministro más nuevo del Gabinete de Javier Milei y la cúpula de la central sindical, que le asignaba el mayor ímpetu flexibilizador y antisindical. Sturzenegger, por su parte, se convenció de los pedidos de Caputo por tender un puente con los gremios más tradicionales que además se tradujo en una bajada de línea del propio Milei: "los sindicalistas no son nuestros enemigos en esta etapa", repitió uno de los negociadores con la CGT.
Desde entonces las muestras mutuas de buena voluntad fluyeron. La CGT congeló un debate interno que necesariamente debía alumbrar un nuevo capítulo de medidas de fuerza y esa alternativa ni siquiera formó parte de las charlas entre los dirigentes que acudieron a mitad de mes a visitar al Papa Francisco. En tanto que el Ejecutivo redujo la presión que había lanzado mediante la Superintendencia de Servicios de Salud sobre las obras sociales sindicales con inspecciones sorpresivas a cargo de un grupo de 14 funcionarios a bordo de una combi de esa repartición. Incluso se dejó sin efecto un operativo que el Gobierno había dejado trascender sobre Oschoca, la obra social de Camioneros que preside Hugo Moyano y que en los hechos maneja su esposa, Liliana Zulet.
El ánimo conciliador campea en los sectores mayoritarios de la CGT incluso a pesar de que este miércoles el Consejo Directivo ratificó su apoyo a la nueva marcha universitaria del 2 de octubre. Una muestra del espíritu pacificador quedará plasmado este jueves en la segunda reunión de coordinación que mantendrán las dos centrales de gremios del transporte (CATT y Ugatt) en la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), en donde ratificarán su apoyo a los sindicatos aerocomerciales en su disputa con el Gobierno pero sin apresurar el anuncio de medidas de fuerza sectoriales.
De hecho el conflicto en Aerolíneas Argentinas es motivo de desvelo para los negociadores del oficialismo y la central obrera. El propio Martínez se ofreció como mediador aunque los propios sindicatos de la actividad, en particular los pilotos de APLA, le hicieron saber que ya estaba lanzada una nueva medida de fuerza en alusión al paro de controladores de la semana pasada, acordado con el resto de las organizaciones. La gestión quedó en suspenso pero no descartada, según referentes de varios sectores. Tanto, que en el propio Ejecutivo le dijeron a este medio que en caso de haber un gesto de la dirigencia aeronáutica el Gobierno estaba en condiciones de bajar la presión contra los referentes y hasta de pausar los proyectos parlamentarios de privatización de la línea de bandera.
Con la reglamentación de la reforma laboral ya publicada la CGT se reunirá finalmente para poner en común la postura de sus principales líderes. Y si bien es prematuro anticipar la reacción que tendrán los sectores más confrontativos -en particular, Pablo Moyano- ante esa normativa, en los sectores dialoguistas del Gobierno ya se imaginan un sendero de negociaciones y hasta la reactivación del nonato Consejo de Mayo, con la eventual integración de la "mesa chica" con Gerardo Martínez a la cabeza. Incluso los funcionarios con mayor historial de intercambio con la central sindical se ilusionan con el albañil encumbrado el año próximo como nuevo secretario general a solas de la CGT.
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