El pacto de mayo no va a ser en mayo y cada vez existen más dudas de que vaya a ser alguna vez. “Será en junio o en julio”, dijo Javier Milei. Empantanado el trámite de la ley de bases en el Congreso, no importa cuando leas esto, tiene por delante una disyuntiva crucial, que puede definir lo que resta de su gobierno.
En una mano, aceptar los límites, bastante laxos, que le pone el sistema político, negociar un nuevo recorte en el proyecto, que deje afuera aspectos constitutivos de su programa desregulador, y a cambio obtener una ley que pueda servir como la prenda de consenso que le piden para abrir la canilla de dólares que tanto necesita.
En la otra, volver a inmolar la ley de bases, como hizo en el verano, pero esta vez definitivamente, redoblar su antagonismo con el Congreso y continuar gobernando por decreto, en una profundización de la deriva autoritaria que muestra desde el 10 de diciembre. Esta es la solución que le susurra el influyente Santiago Caputo.
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El pliego de condiciones de los Senadores que definen el futuro de la ley (y del capítulo fiscal) es amplio. Los cuestionamientos alcanzan a las facultades delegadas, al RIGI, al blanqueo, a las reformas tributarias, laboral y administrativa, a las privatizaciones y a los capítulos previsional y de energía, entre otros.
El bloque radical acordó respaldar en forma conjunta una serie de cambios, le informaron ayer al vicejefe de Gabinete, José Rolandi. A pesar de diferencias de fondo y de la desconfianza de muchos correligionarios hacia Martín Lousteau, esa fue la forma que encontraron de proyectar una posición de unidad.
Además de las correcciones en el proyecto de ley, la propuesta incluye dos temas que por ahora no figuraban en el texto: la fórmula jubilatoria (figuraba en el original pero fue retirada por el gobierno) y el financiamiento educativo. Se trata de un triunfo del presidente de la UCR sobre los gobernadores, que preferirían apurar el trámite.
Los radicales avisan: van a acompañar en general, pero se tomarán su tiempo para introducir cambios. Nadie en la cámara alta se imagina una sesión antes del 30, lo que implica al menos una semana más de debate previo a la firma del dictamen. Debate es una forma de decir; cuesta encontrar opiniones a favor del proyecto.
Otros posibles aliados exigen cambios de la misma magnitud. Lucía Crexell, Alejandra Vigo y Mónica Silva, por ejemplo, no están dispuestas a acompañar la interrupción de la moratoria previsional que exige el FMI. En el bloque PRO descuentan que Guadalupe Tagliaferri va a despegarse para acompañar a Lousteau.
El peronismo, mientras tanto, sigue firme en su posición de rechazar de plano el proyecto. Sostienen que aprobarlo con cambios implica el riesgo de que la cámara de diputados insista y termine convirtiendo en ley los pasajes cuestionados. Por ahora contienen los 33 votos: hoy la hipótesis de la fuga perdió fuerza.
Con cuatro senadores más por el rechazo, la suerte de la ley quedaría sellada. Los ex Unión por la Patria, Eduardo Kueider y Carlos Espínola y los dos senadores por Santa Cruz aparecen, por estas horas, como la configuración más probable para juntar los 37 votos que sepultarían la iniciativa.
En caso de que eso no sea posible, ya existen conversaciones del peronismo con otras bancadas para introducir cambios con dos tercios de los votos, para complicar las chances de que la cámara baja consiga sostener el texto original. En ciertos temas (partes del RIGI, por ejemplo) ese número, 48 votos, ya está.
De todas formas, el secretario parlamentario del bloque de diputados radicales, Alejandro Cacace, dejó un mensaje “para entendidos” el lunes en sus redes sociales: “No asuman que Diputados insista en la ley tal cual le dio media sanción. Hay que ver qué cambios introduce el Senado. Se puede aceptar unos y rechazar otros”.
Ese panorama proyecta dudas sobre el futuro. La postergación del pacto de mayo y las correcciones que sufre el proyecto de bases en el Congreso abren la puerta a que Milei vuelva a dejar de lado la vía parlamentaria y redoble sus impulsos autócratas. Es un temor que comparten opositores con algunos oficialistas.
Entre ellos se cuenta al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que hoy deberá presentarse ante la cámara alta para dar su primer informe de gestión. Puede ser el último. Su continuidad quedó en duda a partir de diferencias cada vez más notorias con Karina Milei y el Caputo con despacho en la Casa Rosada.
Las especulaciones crecieron ayer por la ausencia del jefe de Gabinete en el acto de homenaje a Carlos Menem que encabezó el presidente. En su equipo dicen que se quedó preparando la exposición ante los senadores. No puede fallar: un paso en falso, con todos los ojos puestos sobre él, deja el terreno allanado a sus enemigos.
Posse cree que Karina y Caputo pueden usarlo de chivo expiatorio y endilgarle el fracaso de la ley de bases en el Senado si algo le sale mal. Teme a los trolls financiados con dinero de la AFI para atacar a cualquiera que se enfrente a ellos. Es una de las tantas coincidencias que encontró, últimamente, con Victoria Villarruel.
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