El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que el gobierno de Javier Milei deberá dar explicaciones este jueves a las 15 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "la represión de la protesta". Hace unos días, la CIDH publicó un comunicado para repudiar el "uso desproporcionado de la fuerza pública" por parte del gobierno del libertario.
"Desde la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, informamos a la CIDH sobre la implementación de diferentes políticas del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes se quieran manifestar en el espacio público. En distintas presentaciones, señalamos el crecimiento de la violencia represiva y la criminalización de manifestantes, las detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de las denominadas “armas menos letales” como balas de goma, gases irritantes y palos, incluso contra trabajadores de prensa", comenzó el comunicado del CELS.
Y siguió: "También advertimos cómo, mediante algunos discursos, el gobierno pretende deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores. Estos mensajes son luego reproducidos por integrantes del poder judicial, que imputan por terrorismo e intento de golpe de Estado a las personas detenidas al voleo en las manifestaciones y sin aportar ningún tipo de prueba concreta que respalde tal acusación".
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia al gobierno argentino para que dé explicaciones sobre estos retrocesos que denunciamos en el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. La audiencia fue convocada a pedido del CELS junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS", concluyó el CELS.
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La semana pasada, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) alertaron por el accionar de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones. "El 12 de junio de 2024 tuvieron lugar manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, convocadas por organizaciones sindicales, universidades y organismos de derechos humanos para expresar su oposición a la propuesta de 'Ley de Bases'. En ese contexto, la CIDH y su Relatoría Especial recibieron información sobre el uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones". indicaron.
Además, marcaron que en esa movilización se reportó la "presencia de efectivos policiales sin uniforme y de miembros de la Prefectura Naval portando armas de fuego". "A ello se suman reportes de varios periodistas y trabajadores de la prensa que resultaron heridos debido al uso presuntamente abusivo de gas pimienta y balas de goma por agentes de la fuerza pública", sumaron.
"Es deber del Estado individualizar a los actores violentos, diferenciándolos de aquellos que ejercen legítimamente su derecho a la protesta. Esta distinción es crucial para proteger el ejercicio de este derecho y garantizar la seguridad de las personas manifestantes, así como de los terceros que no participan de ellas. Por tanto, el Estado argentino debe utilizar protocolos con enfoque de derechos humanos que le permitan distinguir entre los hechos de violencia que no forman parte del derecho de protesta y manifestación pacífica, y en caso de ser necesario evitar que los hechos de violencia pongan en riesgo los derechos humanos de todas las personas", siguieron y añadieron: "Finalmente, la CIDH y su RELE llaman a las autoridades a adoptar un discurso respetuoso y constructivo que reconozca la legitimidad de las protestas pacíficas, como una forma de expresar opiniones y disenso sobre la vida política. Asimismo, es esencial que el Estado garantice las condiciones necesarias para que periodistas puedan cubrir eventos de interés público, como las protestas sociales, dado el rol fundamental de la prensa en asegurar el acceso a la información y fortalecer el debate público".
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