Tras 45 años y con la expectativa de ir gestando de a poco un servicio que se pudiese convertir en competitivo en horarios y costos, el tren de pasajeros Rosario – Cañada de Gómez volvió a unir las dos estaciones cabecera, más una parada en el barrio rosarino de Fisherton y otras intermedias en agosto de 2022. No obstante, la desinversión en el área del Transporte impulsada por el Gobierno de Javier Milei pone en jaque el funcionamiento del servicio.
Luego de que la semana pasada el servicio fuera suspendido lunes y martes, por falta de locomotoras, Mariano, Antenore, de la asociación Amigos del Riel, insistió con la necesidad de sostener el servicio. "Esto tiene que ver con lo azarosa que es la prestación del servicio entre las dos ciudades. Se debe a que se le quita la locomotora para poner en otros trenes de larga distancia, con mucha asiduidad. Esto origina que el tren de Cañada no se pueda operar. Los usuarios se enteran por el grupo de WhatsApp cuando no corre porque le quitan la locomotora, y no hay de reserva", indicó Antenore sobre el servicio que opera tres veces por día, de lunes a viernes, y una vez, los sábados.
Asimismo, indicó que cada formación tiene dos coches, con 72 butacas, que "van completos". Se trata de un servicio que de punta a punta tiene un costo de 800 pesos, cuando el mismo tramo en colectivo demanda un costo aproximado de 5000 pesos, según detalló. "Hay que contar la gente que usa las paradas intermedias y que le dan un valor agregado a este servicio", señaló en diálogo con Página 12 sobre las estaciones que hay -desde Rosario- en Funes, Roldán, San Jerónimo, Carcarañá, Correa y Cañada.
Por su parte, el diputado nacional Eduardo Toniolli manifestó en su cuenta de X que la situación es "consecuencia de la política de degradación planificada del transporte ferroviario impulsada por el Gobierno nacional". Y agregó: "No invierten, no hacen mantenimiento, dieron de baja la compra (ya adjudicada) de 50 coches motores chinos que -entre otras cosas- podría resolver la crisis tractiva del Mitre. Necesitamos que el gobierno provincial y los municipios acompañen el reclamo de los usuarios".
Durante estos dos años, este ramal, clave para la conectividad del Gran Rosario, no tuvo problemas en el servicio ni interrupciones. Incluso, se agregó una frecuencia en octubre pasado gracias a la gran demanda: era muy utilizado por trabajadores de la región, estudiantes de profesorados y por turismo en la región.
Sin embargo, las políticas del Presidente profundizan la crisis del servicio: a la decisión de eliminar el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior apenas llegó al poder, se sumó la cuestionada Ley Bases, que permitió el regreso de la era de los 90 con las privatizaciones, donde el retiro del Estado en el control de empresas que brindan servicios públicos derivó en una crisis de funcionamiento y deudas que debieron ser asumidas por el sector público.
El Gobierno consiguió un apoyo clave para avanzar en la privatización del Belgrano Cargas: "No la rechazamos"
El Gobierno nacional anunció oficialmente este miércoles la primera privatización: en un acto junto a Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Belgrano Cargas y Logística S.A. pasará a ser gestionado por el sector privado. "En virtud de la Ley de Bases, se procederá a la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. El año pasado, el Estado destinó 112 millones de dólares a esta empresa, un dinero que proviene de todos los argentinos", afirmó Adorni.
Tras la confirmación, la Unión Ferroviaria (UF) rompió el silencio y no rechazó que pase a manos privadas en los próximos meses. Además, aseguran que para el desarrollo del sistema ferroviario debe darse "una adecuada complementarización" entre la participación pública y la privada. "No rechazamos la idea de la privatización, ya la avaló el Congreso", aseguró Sergio Sasia en diálogo con El Destape.
A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, apuntan que la privatización/concesión ya fue habilitada por el DNU 70/2023 y la Ley Bases. "Nunca fue rechazado y fue aprobada por el Congreso de la Nación, mediante los representantes elegidos por voluntad popular. Son las instituciones de la democracia las que abrieron la puerta a este proceso y no la de una organización sindical", argumentaron en el texto.
En esa línea, sostuvieron que es el Estado nacional "quien debe definir una estrategia que recupere al sistema" para el transporte de pasajeros y cargas en todo el país. Lo cierto es que, en este contexto, el Ejecutivo de Milei tiene un único propósito: privatizar la totalidad del sistema.
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