El juez federal Ariel Lijo, el candidato del Gobierno Nacional para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, es una de las caras del lawfare. Es uno de los "doce" de Comodoro Py que se han convertido en referentes del fuero.
Tiene 55 años, nació en Villa Dóminico, provincia de Buenos Aires. Lijo es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py desde 2004 cuando asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue un engranaje clave del lawfare. Fue protagonista en el caso Ciccone. Allí procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017.
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires e hizo su carrera en el Poder Judicial, donde llegó a ser secretario de la Cámara Federal. Antes pasó por la Fiscalía de la Cámara del Crimen y por la Defensoría General de la Nación. También investigó a Mauricio Macri por el negociado del Correo Argentino. Por las vacantes de jueces que hay en Comodoro Py, Lijo también tiene hoy a su cargo los juzgados 6 -donde está la causa por el atentado a la AMIA- y el 12.
En 2020, Lijo condenó a 6 meses de prisión a Martín Sabbatella por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La resolución incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año
Fue designado en 2004 luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem, al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.
Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos acaecidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército, relacionados a desapariciones y aplicación de tormentos.
Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Ignacio Rucci, el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad.
Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo contrajo matrimonio con Silvia Cavallo, quien es hermana de la camarista federal Gabriel Cavallo, y luego fuera designada como fiscal federal de Quilmes.
Lijo también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación de 2007.
Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado que trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado como operador judicial en Comodoro Py.
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