Sin la CGT, el Gobierno avanza con la reglamentación de la reforma laboral de la ley bases que anhela publicar este mes en el boletín oficial. Los empresarios a los que le consulta la administración de Javier Milei pidieron ir a fondo contra las acciones sindicales y pusieron sobre la mesa que se limiten no sólo los “bloqueos” como lo indica el articulado sancionado sino también las asambleas de trabajadores e incluso que se les aplique la ley penal.
Es en el marco del diálogo social que encabeza la Secretaría de Trabajo (ex ministerio) que pidió la opinión de distintas cámaras del sector privado para bajar a tierra el texto aprobado por el Congreso. Allí, desde el poderoso G6 hasta los pymes de CGERA y Emprendedores asintieron en la necesidad de que se regulen y limiten las asambleas de empleados en los lugares de trabajo.
Ante Federico Sturzenegguer, Sandra Pettovello, Julio Cordero y Santiago Bausilli los empleadores se despacharon contra las acciones sindicales. “Se debe reglamentar la duración de las asambleas porque muchas veces son una medida de protesta encubierta”, se queja uno de los presentes ante El Destape. “Una asamblea dura dos o tres horas, o llegan a hacer 3 asambleas durante el día. Nos mata. Las empresas son débiles frente al poder de los sindicatos”, asegura.
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En medio de un frenesí antisindical uno de los delegados del círculo rojo pidió que se hagan “fuera del horario laboral”. ”Todas las cámaras adhirieron”, cuenta un testigo. El planteo constituye una novedad y un estiramiento en la interpretación de la ley aprobada por el Congreso. Hasta ahora la centralidad de la discusión estaba en la definición de bloqueo y toma de empresa que se sumaron como causa de despido justo a partir de la ley libertaria sancionada.
“Una cosa es la libertad de huelga que apoyamos pero estamos en contra del bloqueo de los sindicatos”, opina otro empresario sumado a la mesa de diálogo. “Esto nada tiene que ver con un reclamo de salario o recategorización. No se puede agredir a quienes vayan a trabajar, hay que ponerles un coto. Esto no puede ser un viva la pepa”, pide. Los funcionarios se limitaron a escuchar y tomar nota de los reclamos en este aspecto y anticiparon que en una nueva reunión se informarán los avances. La promesa es que este mes, en un plazo máximo de tres semanas, todo el capítulo laboral entrará en vigencia por la reglamentación y publicación en el boletín oficial.
La CGT había intentado interceder para limitar el alcance de esa figura pero ante la falta de resultados decidió correrse de la mesa de discusión formal que fue monopolizada por el empresariado. El secretario de Trabajo insistirá en sumarlos. “Las puertas están abiertas”, insistió Cordero y hasta se especuló con convocar al arzobispo de buenos aires Jorge Ignacio García Cuerva para que convenza a los líderes sindicales. “No queremos perjudicar al empleador ni al empleado”, dijeron los funcionarios. “La mesa permanecerá abierta para que todos puedan seguir aportando ideas en esta misma línea; donde la gestión, como nunca antes, se nutra de las visiones de diferentes sectores para promover condiciones que generen empleo genuino y de calidad en el país”, aseguró Cordero.
Además es de interés del empresariado la figura del trabajador independiente con colaboradores. La precisión y el alcance del concepto que se determine será fundamental. “Necesitamos que se defina muy bien al sujeto. En este momento a un programador que trabaja en la industria del conocimiento lo contratan por proyecto, en ese caso es un trabajador independiente”, ejemplifica el representante de una cámara. “En cambio un almacén con un empleado es relación laboral al igual que un tallercito que trabaja todos los días con el mismo ayudante”, matiza.
Otro de los temas abordados fue la registración laboral, además de la eliminación de las multas por mala registración se solicitó que la AFIP simplifique los pasos y requisitos para blanquear trabajadores e incluso que se puedan liquidar sueldos directamente desde su plataforma. Desde el Gobierno contestaron que de 21 pasos que existían ya se redujeron a 7 campos que hay que completar para formalizar desde una app con clave fiscal. Los empresarios pidieron que se excluya a los sindicatos de las inspecciones laborales.
También hubo quejas por los cálculos que elaboran los jueces laborales para actualizar penalidades. El juez Manuel Diez Selva, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y Juan Ignacio Orsini de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo contestaron que debe establecerse por ley una fórmula que se pueda utilizar de manera uniforme. El ministro de desregulación Sturzenegguer pidió que todos los borradores de proyectos y normas que tengan sobre estos temas los acerquen al igual que solicitó un listado de trámites “que entorpecen” la actividad privada para incorporarlos y en 15 dias habrá novedades.
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