La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) lanzó un fuerte comunicado en contra del DNU y las facultades extraordinarias que busca adoptar el presidente Javier Milei con la aprobación de la Ley Ómnibus que se debate actualmente en el Congreso de la Nación. Pidieron la eliminación del capítulo sobre la educación, la no-vulneración de derechos de las y los docentes y apuntaron contra la privatización y mercantilización de la educación.
En un comunicado oficial, desde el gremio rechazaron "las maniobras oscurantistas con las que se está manejando la bancada oficialista" en las inmediaciones del recinto y solicitaron el retiro del capítulo sobre "Educación" incluido en la 'megaley'. En esa línea, aseguraron: "El nuevo borrador empeora la situación respecto al proyecto original, todos los artículos redactados vulneran los derechos conquistados y abren de par en par las puertas a la privatización y mercantilización de la educación en nuestro país".
Entre los puntos principales, desde CTERA apuntan específicamente al artículo relacionado con la Paritaria Nacional Docente. "En los borradores que circulan se elimina la participación de la parte Estatal correspondiente a la Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación Nacional) y además, se excluye nuestra participación gremial. Un total despropósito que desvirtúa el sentido de esta instancia de negociación colectiva, que fuera una conquista histórica dada en el marco del funcionamiento de las instituciones democráticas", apuntaron.
En esa línea sostuvieron que, hasta el momento, "se había podido garantizar el sostenimiento de diversas políticas públicas y la defensa de los derechos laborales de la docencia argentina"; y que al eliminar dicha instancia, también "devendría en la destrucción del FONID y del Fondo Compensador, de los fondos para construcción de escuelas, equipamiento, Conectar Igualdad, Educ.ar, comedores y copa de leche y de los recursos para la formación docente permanente y gratuita", entre otros.
"Nuestro rechazo también se expresa enfáticamente sobre el reiterado intento de definir a la educación como un “servicio esencial”, ya que no sólo vulnera el derecho a huelga y a la protesta social, consagrado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, sino también porque esa medida abre las puertas a la privatización, ya que la educación dejaría de ser un derecho social para pasar a ser un servicio más, que se presta y, por lo tanto, que se puede comprar y vender", agregaron desde CTERA.
Por último, el gremio educativo remarcó que "cualquier propuesta educativa de este tenor no puede ser tratado en sesiones extraordinarias, sin ningún debate profundo, sin contar con los tiempos adecuados y sin la participación de los sectores comprometidos" y sentenciaron que se exige "respeto institucional democrático" para iniciar un debate para resolver la problemática educativa del país.
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