La lucha de los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte logró posponer el cierre de esa institución pero hará falta más para frenar el plan de desguace de la salud pública que está ejecutando a toda velocidad el nuevo ministro del área, Mario Lugones, desde que asumió. El objetivo, como dio a conocer Jon Heguier en El Destape, es que “el Estado no tenga un hospital público más”.
Detrás de cada decisión aparece un negocio: el Hospital Español, quebrado por sus dueños anteriores en 2017, saneado y recuperado por el PAMI durante la gestión de Luana Volnovich, ya tiene un interesado para volver a manos privadas. Dicen en Casa Rosada que se trata de un importante jugador del negocio de la medicina privada, donde el ministro Lugones hizo toda su carrera.
Los trabajadores vienen denunciando desde hace semanas la existencia de “un plan para vaciar el hospital y venderlo al mejor postor” que consiste en achicar personal mientras se hacen obras para revalorizar el patrimonio. “Hay áreas que se pintan y se ponen a nuevo pero no hay dinero para los médicos”, denunció el jefe de clínica médica Fernando Wahlmann en una nota con Agustina Arredondo para este medio.
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Los salarios no se actualizan desde enero y las autoridades avisaron que no habrá aumentos en los próximos meses. Los profesionales se van a trabajar en clínicas privadas por salarios un poco más altos o, los que tienen suerte, emigran a otros países de la región con sueldos que triplican o quintuplican los de aquí. El equipo de Wahlmann, diseñado para contar con 14 médicos, ahora tiene solamente 6.
Los trabajadores del Hospital de Clínicas, que depende de la UBA, advierten sobre una situación similar. Los del Garrahan se encuentran en un plan de lucha. En el Posadas denuncian que hay servicios que quedaron desiertos. El Bonaparte por ahora resiste pero desde el gobierno advierten que planean cerrarlo “si no dan los números” porque se trata de un establecimiento de “baja productividad”.
El gobierno tiene previsto deshacerse de algunos hospitales nacionales utilizando el mismo artilugio que se aplicó sobre la educación pública en los años 90: ceder la responsabilidad a las provincias pero no los recursos. Para otros existen planes más lucrativos y no sólo en el rubro de la salud. Hay ojos del negocio inmobiliario posados sobre instituciones emplazadas en terrenos valiosos.
La novedad es que a medida que presiona cada vez más el gobierno encuentra mayor resistencia. Después de tomar el edificio durante varios días ayer ATE anunció que se garantizaba la continuidad del servicio y de los 612 puestos de trabajo. En el Garrahan hay un paro por 48 horas y ayer hubo una manifestación multitudinaria hacia el ministerio de Economía. Los conflictos se multiplican.
También se expanden a toda velocidad las tomas en facultades, a pocas horas de que el Congreso decida si convalida el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario o si insiste con la norma que se aprobó el mes pasado. El movimiento estudiantil, que había acompañado a media máquina durante la primera etapa del conflicto y la marcha de abril, ahora está plenamente abocado a la lucha.
Anoche, al cierre de esta nota, estaban tomadas las facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Veterinaria, Sociales, Naturales y Exactas en la UBA, los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, la Universidad Nacional de las Artes, las facultades de Artes y Filosofía en Córdoba, Ciencias Químicas en San Luis, Humanidades en Rosario y Jujuy y el rectorado en La Plata y Cuyo.
La insurrección estudiantil conjuga la defensa de la universidad pública y el apoyo a los docentes que luchan por sus salarios con un reclamo más amplio sobre las condiciones de vida bajo la administración Milei. En general, poner a los estudiantes organizados en pie de guerra es una mala noticia para cualquier gobierno. Para uno con la fragilidad política de este, puede convertirse pronto en un problema serio.
Los diputados y senadores que tienen en sus manos rechazar o ratificar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario miran de reojo a su electorado: en Argentina todos conocen a alguien que trabaja en una universidad, asiste a una universidad o planea un futuro mejor por estudiar en una. Además, sigue siendo la institución mejor valorada por una sociedad que rechaza casi todo lo demás.
Por eso, a pocas horas de la votación crucial en la cámara de diputados, hay legisladores que no dan a conocer su posición y en el gobierno y la oposición nadie se anima a dar un resultado. En el bloque oficialista prometen un mínimo de 83 votos fieles a Milei, que en combinación con un número conveniente de ausencias y abstenciones alcanzaría para salvar el pellejo del presidente una vez más.
Se definirá, una vez más, por un puñado de diputados y gobernadores que mantienen el teléfono abierto hasta último momento. El precio de la amistad es más alto cada minuto que pasa. El PRO adelantó su apoyo al gobierno pero puede tener algunas fugas. El bloque de la UCR fue impulsor de la ley vetada y pidió la sesión pero sufrirá nuevamente la defección de cuatro o cinco oficialistas con boina blanca.
Las abstenciones van a festejarse como goles en el vestuario local. Cuentan, en la práctica, igual que un voto de apoyo al veto, porque sube la vara de los dos tercios de los presentes que necesita alcanzar la oposición. Las ausencias pueden volcar el trámite para un lado o para el otro. En el oficialismo sospechan de algunos diputados del PRO. En el peronismo, desconfían de los partidos provinciales.
Un dato pasa desapercibido en ese enredo. Incluso si no consigue, otra vez, alcanzar los dos tercios, se ha conformado una sólida mayoría opositora, con votos más que suficientes para aprobar otros proyectos. Por ese tamiz deberá pasar el presupuesto 2025, que comenzó a discutirse ayer en comisión sin la presencia del ministro de Economía, porque si te apellidás Caputo en Argentina todo es optativo.
Además, los bloques opositores están trabajando en modificar el régimen de DNU para que el rechazo de una sola cámara alcance para voltear un decreto. Su tratamiento reviste cierta urgencia: quieren aprobarlo antes de que concluya este período de sesiones ordinarias para evitar que Milei pueda abusar de esa herramienta mientras el Congreso permanece cerrado.
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