Hay temor en la Casa Rosada por el pedido de captura internacional emitido por Venezuela contra el presidente argentino, Javier Milei. Ahora el Gobierno Nacional contraataca.
Por eso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentaron este jueves un “habeas corpus” preventivo ante la Justicia argentina en respuesta al pedido de captura internacional emitido por Venezuela contra Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Ambos funcionarios radicaron la presentación en los tribunales federales de Retiro y el pedido quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas fuentes judiciales.
Hace un mes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la apertura de dos investigaciones en contra del presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno argentino por la incautación del avión venezolano-iraní de Emtrasur y por supuestas violaciones a los derechos humanos.
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La primera investigación apunta a lo que desde Venezuela califican de "robo" de una aeronave de carga, que fuera "retenida irregularmente" en el aeropuerto de Ezeiza y entregada posteriormente al Gobierno de Estados Unidos.
Saab explicó que, en el caso del avión, que fue "totalmente desmantelado" en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de "robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir".
El segundo caso, en tanto, plantea presuntas "violaciones a los derechos humanos" que se habrían cometido en el contexto de la implementación del plan económico del presidente libertario.
Ahora, Cúneo Libarona y Barra señalaron que el pedido de detención del presidente argentino, su hermana Karina y Patricia Bullrich por parte del gobierno de Nicolás Maduro es "un peligro al derecho constitucional fundado en fines exclusivamente políticos, emanada de un Estado que no respeta la imparcialidad judicial, y por tanto resulta arbitraria y contraria a los principios legales que rigen en un sistema democrático de derecho".
"La medida afecta la libertad ambulatoria de los funcionarios en cuyo favor se interpone así como del resto de las personas señaladas previamente, al exponerlos al riesgo de ser detenidos en el ejercicio de sus funciones, en especial en el extranjero, de modo injusto y arbitrario y por cuestiones de índole exclusivamente políticas", indicaron.
Los funcionarios argentinos indicaron que "si bien la ley 23.098 establece la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para la tramitación de una denuncia de Habeas Corpus, tratándose de un pedido en beneficio de funcionarios federales, a los que se pretende encarcelar arbitrariamente con motivo o ejercicio de su cargo en el Estado Nacional, consideramos que corresponde entender en su sustanciación a la justicia en lo criminal y correccional federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dice el texto.
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