La política argentina baila al ritmo de una interna feroz para quedarse con la jefatura de todo lo que va del centro a la derecha. Desde Javier y Karina Milei hasta Victoria Villarruel, pasando por Mauricio Macri y Santiago Caputo, en un juego de cúpulas que tiene como trasfondo la destrucción de la economía y la vida de millones de Argentinos, está sobre la mesa la manija que decide ganadores y perdedores de apuestas altísimas.
En esa discusión quiere volver a tomar la palabra Patricia Bullrich. Aunque la dura derrota electoral del año pasado y la interna en el PRO contra Macri la hicieron retroceder algunos casilleros, la más experimentada de las contendientes cree que tendrá una nueva chance y se prepara para no dejarla pasar. En estos días levantó el perfil bajo que llevaba desde hace unos meses y decidió nuevamente salir a posicionarse desde su rol como ministra de Seguridad.
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En su equipo destacan los activos con los que cuenta la funcionaria en esta etapa. En primer lugar, algo que se mantiene desde hace al menos cinco años, Bullrich sigue apareciendo en casi todas las encuestas como una de las dirigentes con mejor diferencial de imagen en la opinión pública. A diferencia de otros funcionarios de este gobierno, su popularidad no está atada a la del presidente y en estos meses, mientras Milei perdía unos puntos, ella se sostenía o crecía.
En segundo lugar, la ministra pretende exhibir sus credenciales de gestión. En ese sentido va a buscar principalmente que se destaque, a partir de medios afines y algunas espadas en las redes, la baja de la conflictividad social. “Hace cuatro meses que no hay cortes de calles”, celebran en su equipo, apuntando a la interrupción de las protestas sobre todo en el centro porteño. También se jactan de haber conseguido una baja significativa en las estadísticas de violencia narco en Rosario.
Tercero: es una de las pocas figuras con perfil alto en el gobierno nacional que no chocó, durante estos meses, con Karina Milei, la verdadera mandamás en la Casa Rosada. La ministra tiene mucho cuidado de no pisar ciertos callos. La relación con la secretaria general se lubrica en acuerdos que fortalecen, al mismo tiempo, el armado político de La Libertad Avanza para las elecciones del año que viene, y la gravitación de Bullrich y su gente en ese esquema.
Esos pactos tuvieron un reflejo concreto en los últimos días en dos ámbitos en disputa: las legislaturas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. En el legislativo porteño los diputados que responden a Bullrich se plegaron a los libertarios para rechazar un proyecto de endeudamiento que pedía Jorge Macri. En La Plata, en la cámara baja provincial se llegó a un acuerdo para unir las fuerzas en un interbloque que le puede arrebatar la segunda minoría al PRO macrista.
En los planes de Karina, el lugar para la ministra es la ciudad de Buenos Aires, donde tendrá la misión de enfrentar a Macri en su pago chico. El año que viene se eligen senadores y en 2027 podría tratar de desbancar al PRO para quedarse con la jefatura de gobierno. Las aspiraciones de Bullrich son más altas: se imagina como sucesora de Milei en 2031, aunque en la Casa Rosada tienen otra idea. Por ahora, eso queda demasiado lejos para meter ruido en esa sociedad.
Eso no significa que la ministra no tenga algunas preocupaciones en su horizonte. El propio Macri, para empezar, que toma los desafíos a la hegemonía amarilla en CABA como amenazas directas a su supervivencia política. Después de haberla borrado de la conducción partidaria parecía una batalla saldada pero los traspiés del expresidente en las votaciones por la suba de la fórmula jubilatoria y el DNU que multiplicó el presupuesto de inteligencia le dieron aire a esa interna.
En la cámara de Diputados, de 37 miembros del bloque PRO solamente 20 acompañaron la indicación de Macri de votar contra el gobierno. En el Senado los cuestionamientos al Ingeniero recrudecieron después de que les pidiera votar en a favor de la fórmula jubilatoria pero luego sacara un comunicado apoyando el veto de Milei. Son oportunidades que Bullrich encuentra para comenzar a romper los bloques y llevar agua para su propio molino.
Ayer la comisión bicameral de control de los órganos de inteligencia le dio a Bullrich una buena noticia: existía una moción para convocarla a declarar respecto al destino de los fondos de la SIDE pero fue dejada de lado. En ese asunto está madurando otro conflicto, esta vez con Santiago Caputo. Se trata de diferencias respecto a los proveedores de cierto equipamiento que va a adquirirse con fondos reservados. Ella representa ciertos intereses, él prefiere cerrar negocios con otros.
De todas formas, sigue abierto, en la bicameral, otro tema que puede salpicarla de cerca a la ministra. Tiene que ver con la represión en las inmediaciones del Congreso el día que se trató en el Senado la ley de bases, en un operativo que culminó con 36 personas detenidas de forma irregular. Algunas de ellas denunciaron que agentes del Servicio Penitenciario Federal las interrogaron respecto a su actividad política, algo prohibido por la ley de inteligencia. ¿Se investigará?
El SPF, que pasó a la órbita de Seguridad durante este gobierno, también está en el centro de la última polémica que preocupa a Bullrich: la visita de diputados a represores en el marco de un plan para lograr la impunidad de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Un escándalo con implicaciones muy amplias para el gobierno y que, contra los pronósticos que se hacían en la Casa Rosada, no han logrado desactivar desde que se dieron a conocer los detalles.
En uno de los chats que compartió la diputada Lourdes Arrieta, que formó parte de la visita pero luego apuntó contra los organizadores por haberla llevado dizque engañada, se apunta que la ministra iba a hacer gestiones “para que se les facilite el ingreso” a la cárcel “sin inconvenientes”. Los diputados pudieron acceder con celulares y cámaras de fotos, lo que va en contra de los protocolos del SPF, algo que es consecuente con algún tipo de autorización política superior.
“Es falso de toda falsedad”, lo desmintió Bullrich en las últimas horas. “A mi no me llamó nadie, es una mentira total y absoluta”, dijo en una entrevista radial. “El Servicio Penitenciario Federal hizo lo que dice la Ley de Ejecución de la Pena, que un diputado puede entrar con aparatos para sacar fotos y registrar la situación. Si se presenta un diputado y pide entrar, se lo tiene que dejar por lo que dice la ley”, manifestó la funcionaria, que podría ser llamada a declarar al Congreso también por este tema.
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