El topo que destruye el Estado desde adentro va dejando agujeros.
En la entrada a la planta del CEAMSE de José León Suárez se forma todas las mañanas, desde muy temprano, una larga fila para entrar. Para ordenar la cantidad de personas que llegan a diario a revisar los basurales, comenzaron a dar turnos de 24 horas. Cuando consiguen ingresar pasan un día entero entre montañas de residuos porque una vez que salen no saben cuándo van a tener la posibilidad de volver a hacerlo.
Samanta, una mujer que trabaja como voluntaria en un comedor popular en el barrio Empalme Graneros, Rosario, que atiende a 230 personas por día, contó en la radio, entrevistada por el periodista Ramón Indart, una historia de terror: “El nuestro es un comedor vianda, se llevan la comida. Ya tenemos problemas de gente que le roba el tupper a otra gente. Gente que se pelea en la plaza de enfrente porque el otro le agarró el tupper y le comió la parte de carne que tenía el menú”.
Las personas en situación de calle que pasan a buscar una ración aumentaron en los últimos meses de uno a quince o veinte por día, cuenta Samanta. Su comedor tiene un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia la compra de alimentos, pero desde diciembre el gobierno retiene indebidamente ese dinero. “Si no llegan los fondos, cierren” fue el mensaje que le dieron los funcionarios de Capital Humano. La mayoría de los comedores del barrio ya siguieron ese camino.
La Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE) del ministerio de Salud, del que dependen 1900 pacientes que requieren la cobertura estatal para terapias complejas, bajó drásticamente la entrega de medicamentos desde que asumió Milei. El gobierno interrumpió el reparto voluntario y apela en Tribunales los recursos de amparo que buscan garantizar la provisión de medicina. Argumentan sospechas de corrupción; las denuncias ya fueron descartadas.
No hay cifras oficiales pero familiares estiman que ya hay alrededor de cincuenta víctimas fatales y más de un centenar con riesgo inminente de muerte a causa de la decisión política de cortar sus tratamientos. En el programa “Buenos días América”, en A24, el periodista Pablo Ponzone contó: “Cuando llegué con las cámaras a la DADSE una mujer que no recibía los medicamentos decidió cortarse los brazos prácticamente adelante nuestro”.
Los móviles de todos los canales que buscan testimonios en la calle dan cuenta de la misma clase de relatos. Jubilados que comienzan a saltar comidas, padres que se van a dormir con el estómago vacío para poner algo en el plato de sus hijos, familias que no tienen para encender la estufa en las noches de frío, otras que salen a vender cosas que ya no usan para poder pagar la factura de la luz, farmacéuticos que cuentan cómo muchos no pueden pagar los remedios ni con descuentos.
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Eso y no otra cosa sucede cuando se destruye el Estado desde adentro. Agujeros. Carencias que impactan de lleno en la población. El efecto de un Estado abandónico es hambre, muerte, privaciones e intemperie. Las declaraciones más recientes de Javier Milei dejan en claro que no se trata de un error o de un desvío sino que ese es el efecto deseado. Pero lamentablemente, bajo ese régimen un país no llega a ser Irlanda en 35 años, más bien comienza a parecerse a Haití mucho antes.
El gobierno, además, se está descomponiendo a una velocidad alarmante. Las internas escalan todos los días e incorporan a la agenda denuncias cruzadas de corrupción, espionaje y aprietes. Cada 48 o 72 horas algún funcionario de primera o segunda línea abandona el gabinete. La pelea entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, preocupa porque sobre ellas recae el inestable estado de ánimo presidencial.
La relación con el Congreso y con los gobernadores también sufre un notable deterioro, augurio de un futuro complejo. Esta semana, si no median sorpresas, se tratará la ley de bases en el Senado, con final incierto. Aunque el gobierno celebró dictámen la semana pasada, siguen negociándose, contrarreloj, más cambios en el texto que garanticen la aprobación en particular de los artículos más importantes. Ganancias, facultades delegadas, privatizaciones y blanqueo en la cuerda floja.
El duro revés que recibió esta semana en la cámara de Diputados, cuando la oposición juntó 160 votos para modificar, al alza, la fórmula jubilatoria, puede anticipar la tónica para los próximos meses. En el temario aparecen el Fondo de Incentivo Docente y el presupuesto universitario pero también los subsidios al transporte en el interior del país. Pura mala praxis del gobierno. Durante medio año tuvo suficientes legisladores ansiosos por colaborar pero no pudo sacar nada.
Las diatribas de Milei, que promete vetar todo, no ayudan a recomponer ese vínculo, además de que chocan con la posibilidad real de toparse con la negativa de dos tercios de cada cámara, que, si se corroboran, alcanzan para bloquear su veto y forzar la aplicación de la nueva fórmula. Llamarlos degenerados o volver a tratarlos como ratas en las redes sociales tampoco contribuye a enderezar el trato. Después de esta ley, pase lo que pase, parece difícil que encuentre mayor colaboración.
El problema no es solamente que la gestión no funciona, la política no funciona y el presidente adoptó un programa de gobierno autodestructivo con 47 millones de argentinos a bordo, sino el hecho cada vez más evidente de que no hay nadie capaz de tomar el timón y corregir el rumbo a tiempo. Por eso hay quienes ya se están preocupando por repartir los restos del naufragio. Curiosamente, o no tanto, el sector financiero parece haber entendido esto antes que la política.
Esta semana negra para los mercados argentinos dio cuenta de que algo se rompió. Comunicadores muy sensibles al ánimo del sistema se animaron a plantear en voz alta lo que hasta ahora sólo se comentaba en privado. “¿Está el presidente Milei en condiciones de gobernar un país en crisis o no está en condiciones? Me da la impresión de que otra vez Argentina ha puesto como presidente a una persona que no está a la altura de las circunstancias”, dijo, por ejemplo, Marcelo Longobardi.
En otro tono, Alejandro Fantino, más afín al oficialismo, reconoció que el mandatario “todavía no pudo meter un gol” y planteó la posibilidad de que “se entregue antes el poder”. Van solamente seis meses de gobierno. La vicepresidenta Victoria Villarruel intensificó contactos con economistas que están diseñando un plan de contingencia. La oposición debería empezar a pensar el suyo. Los próximos seis meses van a ser más difíciles que los seis meses que están terminando de pasar.
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