El gobierno nacional de Javier Milei oficializó a partir del 1° de abril el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Asimismo estableció un período de transición de 60 días a fin de "atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales".
La medida se oficializó este miércoles a través de la Resolución 7/2024 publicada en el Boletín Oficial. La norma dispuso "el cierre operativo de las delegaciones provinciales del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, a partir del 1° de abril de 2024". El artículo 2 indica que habrá "un período de transición de SESENTA (60) DÍAS desde la fecha indicada en el artículo 1º a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales".
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Por otra parte, dispuso que "una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales", indicó el escrito. Además, se deberán publicitar en un plazo de 30 días medios de atención alternativos para canalizar denuncias y trámites alternativos que eran realizados en las delegaciones provinciales del ente.
El ENACOM, ente que regula los servicios de comunicación, se mantiene intervenido desde el 26 de enero pasado a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldán y Alejandro Pereyra, exdirector de ENACOM en la gestión de Mauricio Macri.
ATE confirma que ya son más de 11.000 despidos y se vienen medidas de fuerza
Según el monitoreo de despidos que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya contabiliza más de 11 mil despidos en toda la Administración Pública. "No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos por las cesantías masivas. Se están cometiendo delitos penales", sostuvo Rodolfo Aguiar.
“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. Y apuntó: “No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.
Aguiar explicó que “vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad”. Además, el dirigente resaltó que el artículo 226 del Código Penal da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales, elevando la pena mínima a un tercio cuando se trate de funcionarios públicos.
“Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con ANSES, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional”, agregó el referente estatal.
“Por otro lado, esta decisión gubernamental violenta pactos internacionales que también tienen rango constitucional. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica a partir del Protocolo de San Salvador, en su artículo 6 obliga a los Estados a defender el trabajo e impulsar el pleno empleo, y esto precisamente no es lo que está ocurriendo”, continuó el Secretario General de ATE.
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