Los estrategas del Presidente Javier Milei se entusiasman con el cierre de la Agencia Nacional de Noticias anunciada por Cadena Nacional el viernes y ejecutada de hecho desde ayer lunes mediante un operativo policial en todas sus sedes. Sin embargo, no hubo resolución, decreto ni una ley que habilitase ese proceso. En Casa Rosada anticipan que lo vivido en las últimas horas contra sus más de 700 empleados es “sólo una muestra de lo que se viene” y que habrá varios entes que sufrirán la cara más cruel de la motosierra.
¿Es posible cerrar Télam sin un mecanismo administrativo concreto? Es la pregunta que se hacían varios entornistas libertarios convencidos de que sí, era posible. Incluso por los pasillos del Gobierno se escuchó al secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo, apelar a un DNU de Eduardo Duhalde publicado durante el año 2002 que transformó a la cablera en una Sociedad del Estado. La ley que regulaba las S.E. de 1974 establecía que era necesaria la aprobación del Congreso para avanzar con el cierre pero esa norma fue derogada por el mega DNU 70 de Javier Milei en su artículo 40.
Esa es la línea que maneja un sector del Gobierno para justificar el atropello. Por otro lado, el vocero oficial Manuel Adorni sostuvo que lo que existe es una “reestructuración de una semana”. “Se va a conocer el plan para el cierre de Télam y el destino de los empleados”, sostuvo y justificó la medida porque “la agencia tenía pérdidas estimadas en 20 mil millones de pesos”. “Se puede avanzar con un decreto”, sostienen ante El Destape quienes determinan a diario el trazo fino de la gestión libertaria.
Pero no es todo. En el Ejecutivo están convencidos de que este es el primer paso de muchos que se van a dar en las próximas semanas: “Es una muestra de lo que viene. Hay un montón de institutos por cerrar”. Por caso, la lista comenzó con el organismo contra la discriminación INADI, ahora por Télam y luego, ejemplifican, con el INAI, que administra los asuntos relativos a los pueblos originarios. El Presidente fue ayer más allá y likeó un tweet en el que pedía "tirar abajo medio ñoquicet", en relación al Conicet. Lo cierto es que se avanzó de hecho antes de tener el mecanismo legal administrativo organizado y publicado. “Se hará dentro de lo que dice la ley”, repiten como mantra sin especificar cuál.
Al lado del Presidente evalúan qué hacer con los empleados. Se baraja la reubicación total o parcial, el despido con indemnización o el pago de salarios durante un año entero. “Se les puede pagar durante 12 meses y que se queden en su casa”, explican. Aún no está definido. Marzo además pone presión sobre la enorme masa de estatales contratados que tuvieron renovación a fin de año por sólo tres meses. En 3 semanas llega esa fecha y el Gobierno deberá decidir a quiénes les da continuidad. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, da una muestra de lo que se viene: “Tengo 2500 empleados que sobran”, calculó en TN. A secretarios de esa cartera ya les solicitó la nómina de trabajadores a despedir. Les pidió una reducción del 20% mínimo a ejecutar desde abril.
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