El Gobierno avanza en su estrategia de desentenderse de la obra pública y avanza en la delegación al sector privado de las tareas más urgentes. En ese tren busca en los gobernadores a los aliados para concretar una primera etapa de privatizaciones en Vialidad Nacional y su empresa estatal Corredores Viales y cranea la concesión de distintos tramos de las rutas nacionales.
Los representantes de las provincias llegan a Casa Rosada con preocupación por el mal estado de rutas y caminos dado el abandono de la gestión pública en esa materia desde el 10 de diciembre. Uno de los más críticos en la materia fue el salteño Gustavo Sáenz. “Esperemos que se inicien rápidamente. Es importante destacar y decirlo: Las rutas nacionales del norte están destruidas, en una condición pésima. Es importante que que haya de una vez por todos una mirada Federal para que nos garanticen que la logística por lo menos tengamos rutas dignas para poder transitar. Hoy son rutas de la muerte”, declaró en rueda de prensa.
Esas críticas lo llevaron a una serie de reuniones esta semana con el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo en el que se abordó el tema. Las rutas que describió están en peor estado son la 34, 40, 9, 81 y 51. “Debemos ponerlas en buenas condiciones”, reclamó.
No fue el único, son varios los gobernadores e intendentes que encienden las luces amarillas por loel estado de los caminos que son potestad del gobierno nacional. En esos llamados y encuentros en despachos libertarios el Gobierno contesta con una propuesta concreta: la concesión de tramos de las rutas a empresas privadas y cobrarle peaje a los automovilistas por su tránsito a cambio del bacheo y el corte de pasto que Vialidad Nacional ya no hace en nombre del déficit cero.
En uno de esos encuentros, un director nacional se obnuvilo con la idea de cobrar hasta el acceso a los baños públicos. “Es más grave que volver al modelo de los 90 porque durante el menemismo se estableció el cobro de un peaje por una obra que se hizo. Acá se está pensando en hacer concesión para el corte de pasto y el bacheo. Son tareas mínimas que puede hacer el Estado. Es un negocio de alta rentabilidad ¡lo haces con dos mangos comparado con lo que va a salir el peaje!”, compara ante El Destape Fabián Catanzaro, secretario General del Sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional.
Las tareas de Vialidad están completamente frenadas y su presupuesto subejecutado. Las provincias reclaman las obras y el Gobierno puede, privatización mediante, mostrar reactivación en el primer semestre del año en clave electoral. “Los gobernadores requieren mostrar que están terminando obras”, analiza Catanzaro quien tiene entre sus prioridades evitar despidos masivos por medio del pase a disponibilidad de más de 2500 empleados de planta permanente dentro del organismo habilitado por la Ley Bases. La cúpula a cargo de Marcelo Campoy responde directamente a Karina Milei y los nombres fueron acercados por Lule Menem.
Las provincias no se oponen a la concesión mientras se avancen y terminen las obras.
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