El esfuerzo fiscal previsto para actualizar el financiamiento de las universidades tras el ajuste del gobierno de Javier Milei es equivalente al que se realiza para beneficiar a los ricos a través de la baja de Bienes Personales y del blanqueo sancionados en el paquete fiscal, según reveló un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Se trata de un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Según señala, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) mostró que el Impacto Fiscal del Proyecto de Ley que recompone el Financiamiento de Universidades Nacionales, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, es de 0,14% del PBI.
Esta cifra incluye la actualización de todos los gastos de funcionamiento tanto de universidades como de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes. "Considerando la restricción presupuestaria vigente y el objetivo de consolidación de las cuentas públicas, el impacto en las cuentas fiscales luce mucho menos oneroso al compararlo con algunas directrices recientes, tanto por decisión como por omisión", advirtió la propia UBA en un comunicado.
El mismo informe del Centro RA de la FCE de la UBA precisó que "la modificación del mínimo no imponible y las alícuotas correspondientes a la fórmula del impuesto a los bienes personales, se traduciría en una caída en la percepción de ingresos pública de aproximadamente 0,14% puntos del PBI", es decir, exactamente "el mismo orden de magnitud que lo requerido para la actualización de los recursos del sistema universitario”.
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Además, la presentación de este centro de la Facultad de Economía remarcó “a pesar de un espíritu contrario al de la promoción de regímenes especiales, llamativamente mantuvo en curso el más destacado de los mismos: el subrégimen industrial de Tierra del Fuego con un costo estimado para el estado de no percepción de recursos en torno al 0,22% del PBI”.
"El análisis del esfuerzo fiscal destinado a la actualización de los recursos del sistema universitario revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado", concluyó el informe de este centro de la FCE.
En ese sentido, la UBA advirtió en su comunicado que "las recientes reformas fiscales subrayan la necesidad urgente de revaluar y priorizar el financiamiento de las universidades. En un contexto de restricciones presupuestarias, resulta fundamental garantizar que el desarrollo del sistema universitario no solo reciba el apoyo necesario para funcionar adecuadamente, sino que también se considere una inversión estratégica para el país, vital para la formación profesional y el progreso social".
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