“El Estado debe retirarse de todas las empresas”. Esa es la orden que transmitió Javier Milei a Diego Chaher, el abogado mendocino que asumió en junio al frente de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado y encabeza la Agencia de Transformación de Empresas públicas o, como le dicen coloquialmente, la “Agencia de Desestatización”, creada con el objetivo específico de privatizar todo lo que pueda privatizarse. En la Casa Rosada apuestan a concretar no menos de tres o cuatro ventas de alto impacto entre los últimos meses de este año y los primeros de 2025, antes de que comience la campaña electoral.
Por eso en las últimas semanas hubo anuncios o se tomaron acciones concretas destinadas a desprenderse total o parcialmente de Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, Metrogas, las rutas nacionales, los trenes de carga y de pasajeros, IMPSA, AySA, ARSAT, hospitales nacionales y centrales hidroeléctricas. A partir de las facultades delegadas en la Ley de Bases y lo dispuesto por el DNU 70/23, actualmente en vigencia, el Poder Ejecutivo puede avanzar con la mayoría de estas medidas sin necesidad de acompañamiento parlamentario. Una excepción es la línea de bandera, cuya privatización se está discutiendo en la cámara de diputados.
Durante la negociación de la Ley de Bases, Milei se había comprometido con los gobernadores aliados a no privatizar Aerolíneas, pero ahora insiste con la iniciativa. El bloque oficialista consiguió ayer el dictamen de mayoría para declarar la empresa “sujeta a privatización”. Un detalle curioso es que el texto establece que el proceso de venta debe ser controlado por la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y por la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, por dilaciones y displicencia del gobierno a la hora de avanzar con la designación de sus integrantes, ninguno de esos dos órganos están conformados ni funcionando.
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No está claro que estén los votos para avanzar con la media sanción, porque los diputados de Encuentro Federa (el bloque que encabeza Miguel Angel Pichetto)l, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los radicales que rompieron con su bancada) rechazan la propuesta del oficialismo y proponen, en minoría, un esquema de privatización parcial, con el Estado como socio mayoritario, siguiendo el modelo de YPF. En el gobierno quieren sacar la ley antes de fin de año y avanzar con la venta. Aseguran que ya hay interesados y dicen que entre las condiciones está dar de baja los convenios colectivos de los trabajadores de la empresa.
Chaher, encargado del proceso de privatización, definió en una entrevista a las empresas bajo su control como “hijas bobas del Estado, sin misión, sin visión, sin propósitos, con un cúmulo de gente que quedan como capas geológicas”. Hace dos semanas, para preparar la ofensiva privatizadora, completaron los nombramientos en su área. Como número dos quedó Matías Micheloni, sobrino del vicepresidente de operaciones logísticas de Tenaris (Techint). Casi al mismo tiempo la Comisión Nacional de Valores aprobó un régimen especial para facilitar la venta de empresas públicas flexibilizando los requisitos para que coticen en Bolsa.
Mucho antes de que se conforme la Agencia de Desestatización, el gobierno comenzó el vaciamiento de las empresas, utilizando un modus operandi conocido: hacerlas funcionar mal y de esa forma justificar el remate. El Estado nacional tiene participación en más de 100 empresas; en un tercio de ellas es dueño o tiene el paquete mayoritario de acciones, de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX). De las 32 que remiten información a la Oficina de Presupuesto del Congreso, 21 tenían superávit financiero en el último trimestre de 2023. Con Milei ese número bajó a 12.
La explicación: una caída generalizada de sus ingresos. En Aerolíneas Argentinas cayó un 28 por ciento; en Correo Argentino y Corredores Viales, un 26 por ciento; en Tandanor un 58 por ciento y en Nucleoeléctrica Argentina un 10 por ciento. La inversión pública se desplomó. El primer trimestre de este año tuvo una baja del 53 por ciento comparado con el mismo período del 2023. También hubo, desde el 10 de diciembre, 8929 despidos de trabajadores de empresas públicas, que le costaron al Tesoro nacional más de 228 millones de dólares en indemnizaciones. Una inversión de tal magnitud que podría ser beneficiada por el RIGI.
Entre los más calurosos promotores de las privatizaciones está Mauricio Macri. Por un lado, a través de Hernán Lombardi, uno de sus alfiles legislativos, presiona por la venta de Aerolíneas. El negocio de los aviones no le es ajeno a la familia del expresidente. Mientras tanto presiona públicamente por otro, en el que su linaje también tiene experiencia: las rutas. La semana pasada compartió un artículo de un exfuncionario de su gobierno, Eduardo Plasencia, en La Nación, titulado “La urgencia de privatizar las rutas”. De acuerdo a cómo se presenta al pie de la nota, Plasencia ahora es consultor del gobierno de Estados Unidos.
Este jueves a las cinco de la tarde se van a abrir los sobres con ofertas para concretar la primera privatización del gobierno de Milei: la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), de importancia estratégica en la fabricación de insumos para el sector energético, entre otros. IMPSA había sido estatizada en 2021 para preservarla; el Estado nacional aportó 15 millones de dólares y la provincia de Mendoza otros 5. En el gobierno reconocen que la oferta ganadora quedará bastante más abajo que esa inversión. Aparentemente el beneficiario será la norteamericana ARC Energy.
En simultáneo, el Gobierno avanza en deshacerse de cuatro centrales hidroeléctricas: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila. Tras haber anunciado la privatización del Belgrano Cargas, ya están evaluando la forma de avanzar sobre los trenes de pasajeros. Por otra parte, el presidente de ARSAT, Mariano Greco, reconoció, a comienzos de este mes, que la empresa de telecomunicaciones comenzará a cotizar en la Bolsa porteña y ayer el titular de YPF, Horacio Marín, habló de vender Metrogas. La consigna es conocida para los argentinos: que nada de lo que pueda venderse se quede sin vender.
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