Al igual que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que se mostró "completamente de acuerdo" con la iniciativa del gobierno de Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, la provincia de Córdoba evidenció su apoyo al proyecto enviado al Congreso por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Si bien el mandatario provincial Martín Llaryora no se pronunció en favor de la salida de la ley, funcionarios locales comienzan a darle su visto bueno. Este es el caso del secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo, quien detalló que la localidad a 20 kilómetros de la Capital es azotada por chicos de corta edad, coordinados a veces por adultos, quienes atacan a comercios, transeúntes y hasta protagonizan entraderas a viviendas de la zona céntrica.
Tanto Bullrich como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, impulsan una política de mano dura y culparon a "la juventud de hoy" por el crecimiento de los delitos y sostuvieron que esta generación "no es comparable a la de hace más de cuatro décadas".
En esa línea, Crespo sostuvo que "los chicos y los adolescentes se saben inimputables en los robos porque la Justicia no les llega. Hay adultos que los mandan a delinquir y cuando son apresados, porque los identifican las cámaras de seguridad, se ríen y contestan que dentro de un rato los vamos a tener que llevar a su casa”.
“Lo que estamos pidiendo es un cambio urgente en las leyes. Que se baje la imputabilidad y que la persona que comete delitos de adultos, tenga penas de adultos. Estos delitos resienten a todo el sistema integral: a la Policía, a Seguridad Ciudadana, a la Senaf, al Municipio y termina mostrando una carencia de las instituciones para manejar el conflicto, a pesar de que se trata de un faltante legal”, dijo en diálogo con La Voz.
Según el secretario, los niños y adolescentes que delinquen están generando un grave problema en la ciudad. “Rompen los vidrios de los comercios para sacar algo de valor que luego intercambian para consumir drogas. Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) aseguran que se van a ocupar, pero al cabo de unas horas vuelven a la calle y roban otra vez”, comentó.
Los hechos se registran particularmente en el área céntrica de la ciudad, pero también se replican en zonas más periféricas, como en barrio La Polinesia, un sector carenciado de Villa Allende. Las palabras de Crespo fueron replicadas por comerciantes y vecinos de la zona, que le piden a los jueces de menores que “busquen mantener, aunque sea, bajo tratamiento a los chicos”.
“Los casos se repiten una y otra vez, están filmados, son chicos de 12 a 15 años, pero también hay de 8, 9 y 10 que ‘empuñan el delito’ desde muy pequeños. Los jueces los liberan inmediatamente y se los entregan a sus familias”, dijo con preocupación un referente de la zona comercial en declaraciones al mismo medio.
Bullrich y Cúneo anunciaron la baja de imputabilidad
En un comunicado del Ministerio de Justicia lanzado a fines de junio, Bullrich y Cúneo Libarona explicaron que "la ley que rige actualmente es de la década del 80" y adelantaron que "se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas".
"Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad", aseguraron.
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A su vez, detallaron que esta ley "combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal".
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la medida se basa en la idea de que “si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de sus actos como adultos”. Asimismo, mencionó que otros países de la región, como Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, ya tienen una edad de imputabilidad de 14 años, y en Brasil es de 12 años, aunque siempre con regímenes especiales.
Qué dice el Régimen Penal de la Minoridad
La Ley N.º 22.278 es la que establece el régimen penal aplicable a los menores incursos en delitos, promulgada en agosto de 1980. Dicha normativa indica que en Argentina los menores son punibles a partir de los 16 años y solo pueden ser condenados por delitos "de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación". Al mismo tiempo, dicho régimen indica que tampoco pueden ser privados de su libertad en unidades para mayores hasta cumplir los 18 años: deberán atravesar la pena impuesta en institutos especializados para menores.
En caso de ser hallado culpable por los delitos que se encuentren por fuera de lo mencionado previamente, se impondrán penas supeditadas a tres requisitos: que haya sido declarada su responsabilidad penal y civil conforme a normas procesales, que haya cumplido 18 años de edad y que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año (prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad).
Cumplidas estas condiciones -si las modalidades del hecho, antecedentes del menor, resultados del tratamiento tutelar y la impresión directa del juez hicieren necesario aplicarle una sanción- será resuelto por el magistrado. A su vez, todo lo relativo a la reincidencia, no es aplicable al menor que sea juzgado por delitos cometidos antes de cumplir los 18 años. Si fuera juzgado por un delito cometido posterior a dicha edad, las sanciones previamente impuestas podrán -o no- ser tenidas en cuenta por el juez.
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