Durante las próximas cuarenta y ocho horas la cámara de diputados se convertirá en el epicentro político del país. El oficialismo pondrá en juego más que su capital político. No sólo impulsará, sin garantía de éxito, su propia agenda, arriesgándose a una derrota si no consigue las mayorías necesarias. También está obligado a desactivar los embates de distintos sectores de la oposición que, cada cual con su libreto, llevará al recinto sus iniciativas. Las internas en casi todos los frentes le dan más incertidumbre al desenlace, que puede definirse por un voto o dos.
El panorama comenzará a definirse a partir de las nueve y media de la mañana, cuando se haga la reunión de labor parlamentaria y, entre los jefes de todos los bloques, intenten ordenar lo que, a priori, prometen ser dos jornadas caóticas. En principio hay tres sesiones pedidas entre miércoles y jueves. Una por el oficialismo, las otras dos por distintos sectores de la oposición dialoguista. Pero además al recinto van a colarse otros temas como la confabulación de seis diputados para garantizar impunidad a militares presos por delitos de lesa humanidad.
El presidente de la cámara, Martín Menem, por ahora sólo ha convocado a la primera, con un temario compuesto exclusivamente por proyectos impulsados desde el oficialismo. Está reglamentariamente obligado a convocar a las otras, pedidas por la oposición, aunque intentará evitarlo hasta último momento, para ahorrarle al gobierno lo que descuentan como derrotas que no sólo significarían un duro golpe político sino que pueden tener consecuencias concretas que golpeen al presidente Javier Milei por debajo de su línea de flotación.
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La primera sesión está convocada por el oficialismo para las 11 de la mañana. Proponen tratar 18 proyectos, entre los que se destacan un repudio al gobierno de Venezuela, el proyecto de banco de datos genéticos para delitos sexuales, un blanqueo de armas de fuego y la definición de la educación como servicio estratégico para limitar el derecho a huelga de los docentes. Es un temario similar al que habían intentado impulsar la semana pasada en una sesión que se cayó por falta de quórum. No tienen ninguna garantía de que no vaya a pasar lo mismo hoy.
Sucede que los votos de La Libertad Avanza con sus aliados del PRO y algunos socios más no llegan a juntar más que noventa votos, muy lejos del número necesario para sesionar o aprobar una ley. Quienes suelen proveer al oficialismo ese servicio ahora están en duda por una serie de promesas incumplidas y destratos por parte de las autoridades del bloque y de la cámara. Tanto el radicalismo como el interbloque al que le presta su rostro Miguel Pichetto, Encuentro Federal, ponen en duda hasta último momento su colaboración.
Uno de los reclamos de la UCR tiene que ver con que el gobierno se resiste a incorporar al temario el proyecto de ley para actualizar el presupuesto universitario. Se trata de un texto que tiene dictamen desde mayo e inexplicablemente congelado desde entonces por sus autores, que deciden sacar del freezer ahora, cuando peligra el comienzo de clases en el segundo semestre. Pidieron una sesión para tratarlo a partir de las dos de la tarde y amenazan con voltear la de la mañana. Podrían sumar la esencialidad docente para conseguir los votos del PRO.
La discusión sobre el presupuesto universitario tiene el quórum garantizado por el apoyo de los bloques opositores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que sumados a la UCR alcanzan y sobran para iniciar una sesión. El problema en este caso es que cuando se trató el proyecto en comisión quedaron cuatro dictámenes diferentes, que difieren en el alcance y la fórmula de actualización del presupuesto. En caso de que no se llegue a un acuerdo y ninguna de las cuatro iniciativas consiga una mayoría, el proyecto se cae y no puede volver a tratarse este año.
Por último, hay una tercera sesión convocada por Encuentro Federal, la Coalición Cívica y parte de la UCR para el jueves con la intención de rechazar el DNU que multiplicó por nueve el presupuesto de la SIDE. Los cálculos previos hablan de no menos de 140 votos dispuestos a voltear el decreto, aunque el gobierno intentará hasta último momento dar vuelta voluntades del radicalismo, el peronismo cordobés, diputados que responden a gobernadores del PRO y de partidos provinciales. También podría tener ayuda de los catamarqueños que responden a Raúl Jalil.
Para complicar un poco más las cosas, en cuanto alguna sesión consiga quórum y prospere, antes de comenzar con los temas previstos habrá cuestiones de privilegio en las que se desarrollará un debate sobre otros dos asuntos revulsivos. Mientras que oficialismo y aliados intentarán machacar con las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández y, en un curioso giro del destino, van a plantear iniciativas contra la violencia de género, la oposición intentará profundizar en la conspiración de impunidad entre diputados de LLA y genocidas.
El gobierno en un primer momento había intentado que el tema no escalara, pero no pudo evitarlo. Luego intentó saldar la cuestión con un comunicado de repudio que no obtuvo consenso. La última maniobra de reducción de daños, para evitar que se conforme una comisión ad hoc para investigar el asunto, es derivar ese trámite en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezada por la diputada del PRO Silvia Lospenatto, últimamente muy cercana a los Menem y a Karina Milei, para intentar encapsular allí el problema.
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