El pacto tiene un precio: 450 mil millones de pesos, el valor que reclamaba la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación y que desde ayer comenzó a transferirse a las arcas metropolitanas por decisión de Javier Milei. A cambio, Mauricio Macri prometió los votos del PRO en el Congreso para frenar cualquier intento de revertir el veto a la fórmula jubilatoria. Es una tregua frágil, basada en las debilidades de cada uno. Los dos tuvieron que ceder un poco. Ambos esperan bastante más. Ninguno confía demasiado en el otro pero no tienen, por ahora, más opción que abrazarse en un destino común.
Después de varias cenas en Olivos y de chocar siempre contra los mismos obstáculos, Macri entendió que la negociación total que pretendía tener con Milei nunca iba a progresar y que si quería obtener resultados sería regateando tema por tema. La prioridad, para el líder del PRO, es sostener su bastión en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido la demanda más urgente era volver a abrir el flujo de fondos extraordinarios que le había cedido al presupuesto porteño en 2016 con la excusa del traspaso de la policía y que cuatro años después Alberto Fernández interrumpió. En eso (solo en eso) el presidente cedió.
Se puso en escena un acto en la Casa Rosada con el presidente y el jefe de gobierno, Jorge Macri, para ejecutar el pasamanos de parte del sistema de colectivos. En ese acto, Macri anunció que la Ciudad se haría cargo, temporalmente, de los subsidios para no aumentar el precio del boleto. Según estimaciones de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor, es un esfuerzo de unos 6.500 millones de pesos por mes, apenas un vuelto comparado con el casi medio billón que comenzó a girar el ministerio de Economía. Y aún así en el GCBA anticipan que antes de fin de año tocarán la tarifa.
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En retribución el PRO ayudará a blindar a Milei ante la amenaza de que dos tercios del Congreso desafíen la autoridad del veto presidencial. El respaldo amarillo ahuyenta temores aunque no alcanza a conjurarlos: entre los dos bloques suman 13 senadores y 74 diputados. En ambas cámaras les falta una docena de voluntades para alcanzar el tercio que permite bloquear mayorías calificadas. Sin embargo, sin ese apoyo, el oficialismo quedaría al borde del KO. Con Macri no alcanza pero sin Macri no se puede. Él también arriesga: deberá demostrar, cuando llegue el momento, que los votos en el Congreso todavía le responden.
El entendimiento, de todas formas, es precario, y está siempre a un tuit o una decisión de volar por los aires. Tendrá una prueba de fuego antes del fin de semana, cuando el Senado rechace el DNU que multiplica por ocho los fondos reservados de la SIDE con votos del PRO engrosando la cuenta opositora, como ya sucedió cuando ese tema pasó por la cámara baja. Será la primera vez en la historia que el Congreso le voltea un decreto a un presidente. Habrá que esperar la respuesta de Milei y también la del directo damnificado, Santiago Caputo, que tiene frizado el vínculo con sus interlocutores macristas por esa cuestión.
Caputo sigue siendo el principal obstáculo para que Macri profundice su influencia sobre el presidente. No podría convivir en el mismo esquema de poder. “Es él o yo”, lo escucharon en Casa Rosada. Cuenta, en esa cruzada, con todo el apoyo de Karina Milei, que plantea una dicotomía similar pero en términos de armado político. Es el PRO o La Libertad Avanza. No hay lugar para los dos. De todas formas, a medida que los desafíos parlamentarios se multipliquen (detrás del veto a la fórmula jubilatoria llegará el veto al presupuesto universitario) el gobierno deberá buscar nuevamente al exmandatario para negociar.
La lista de exigencias ya la conocen. Algunas pueden llegar a buen puerto, otras difícilmente prosperen. Resuelto el tema del financiamiento de la Ciudad, Macri espera sacarse de encima las causas por la deuda de Correo Argentino, que podrían dejarlo quebrado y preso. Un primer paso en ese sentido sería el nombramiento de Germán Garavano nuevamente en el ministerio de Justicia. También quiere que Guillermo Dietrich asuma como ministro de Transporte porque tiene los ojos puestos en el negocio de la Hidrovía. Y sigue militando denodadamente contra el nombramiento de Ariel Lijo en la Corte Suprema.
En la ecuación entran también los gobernadores del PRO, que tienen juego propio y no siempre siguen el ritmo que les propone el titular del partido. El chubutense Rogelio Frigerio estuvo reunido esta semana con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el chubutense Ignacio Torres hizo lo propio con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Reclaman, como el resto de los jefes distritales, que el gobierno cumpla las promesas que hizo cuando negociaban la sanción de la ley de bases. Hasta ahora sólo recibieron demoras y excusas. Los 450 mil millones extra para la Ciudad de Buenos Aires difícilmente ayuden a mejorar su predisposición.
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