Desde el Centro de Ex combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata se oponen al proyecto del diputado provincial Fabio Britos, que ya cuenta con media sanción y podría convertirse en el ley en el Senado bonaerense. Dicho espacio argumentó que "los militares condenados podrían recibir nuevos beneficios, ya que actualmente perciben una pensión honorífica que abona el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense".
El escrito "establece un régimen previsional especial para los suboficiales y oficiales combatientes de las fuerzas armadas y de seguridad", que hayan participado en la Guerra de Malvinas, y que "sean aportantes y se desempeñen en el IPS, o sean agentes del Banco Provincia, y/o afiliados a la Caja de Jubilaciones".
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Si bien la normativa aclara que "no gozarán del beneficio los oficiales y suboficiales que se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones", desde el CECIM advirtieron que actualmente "hay militares condenados que perciben una pensión honorífica que abona el IPS bonaerense", por lo cual entienden que las garantías de no otorgar nuevos beneficios no están dadas. Por tal motivo, el próximo martes realizarán una conferencia de prensa en las puertas de la Legislatura bonaerense.
Un informe que realizaron ex combatientes, y al que accedió El Destape, muestra cómo varios militares condenados cobran una pensión honorífica. "El entonces Teniente de Navío, Miguel Ángel García Velazco, condenado a prisión perpetua en la causa ESMA es beneficiario en el IPS y cobra el beneficio de Pensión Honorífica por participar en la guerra de Malvinas".
Otro caso testigo "es el del Capitán de Corbeta, Daniel Eduardo Robelo, ex jefe de operaciones Base Naval Mar del Plata condenado por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita" en perjuicio de 123 personas.
En la Causa 1777/07 que posee el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego, y en donde se investigan las denuncias presentadas por los ex soldados conscriptos por torturas ocurridas en el Regimiento 3 de Infantería en 1982, está imputado "Luis Oscar Arce". También cobra pensión honorífica.
En la misma causa fue llamado a prestar declaración indagatoria, Guillermo Rubén Berazay. "Se reunieron elementos probatorios suficientes que permiten afirmar, con el grado de certeza requerido en esta instancia, que debe responder como coautor mediato por los delitos de imposición de tormentos". Es otro beneficiario por el IPS.
El Cabo I°, en la Segunda Sección de la Compañía B, Lorenzo Roque Cancino, también percibe beneficios a pesar de que "en su legajo personal - según consta en el Ministerio de Defensa -tuvo tres suspensiones previas y una posterior al conflicto del Atlántico Sur".
El 3 de mayo de 1978 el Jefe del RI 24 le impuso 31 días de arresto, por “excederse arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones, maltratando a un subalterno, prevalido de su autoridad, sin llegar a incurrir en delito”. El 23 de abril de 1981 el Jefe del RI 3 le impuso una sanción de 30 días de arresto por estar “desempeñándose como Sub educador en la materia de orden cerrado, propiciarle un puntapié a un soldado y al ser sancionado por la comisión de dicha falta hacer aclaraciones que no corresponden, faltando con ello las consideraciones a un superior”.
Finalmente, el 31 de julio de 1981, el Jefe de la Ca “B” lo sancionó por “reprimir con exceso una falta cometida por un subalterno a pesar de las reiteradas consideraciones hechas al respecto”.
Los polémicos artículos del escrito que podría ser Ley
El artículo 6 indica que el nuevo beneficio "será compatible" con la ley nacional N°19.101 que detalla que "las fuerzas armadas de la Nación son, exclusivamente, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina".
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, manifestó que "un militar que es beneficiario de la Ley N°19.101 no pierde el estado militar, por ende, en la Provincia de Buenos Aires se ha incorporado a personas con estado militar que además son beneficiarios de un haber de retiro (Jubilación)". "Cobrar un haber de retiro es incompatible con la actividad laboral en la provincia de Buenos Aires, y peor aún en los casos de quienes ejercen funciones en la administración pública provincial con una discapacidad reconocida por actos de servicio igual o mayor al 66%", agregó.
El repudio de los organismos de Derechos Humanos
El martes 30 de agosto la CTA autónomas bonaerense "rechazó" el proyecto de ley. "Se trata de una ley de privilegio que ingresó al Senado donde se le otorgaría a militares una doble prestación previsional que provocaría un agujero negro en el IPS", manifestaron en el escrito.
Desde el CECIM manifestaron que "quienes ejercen la potestad de legislar tienen que oír a nuestras organizaciones que trabajamos desde la recuperación de la democracia y resistimos hace 40 años los intentos de consolidad la impunidad. A Malvinas no fue el ejército de San Martín y Belgrano sino el de Videla, Masera, Galtieri, Giachino, Rico y Seineldin".
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una nota el 12 de mayo pasado al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin, en la que citó diferentes ejemplos de militares que se verían beneficiados con el proyecto: "Pedro Pierre está denunciado en la causa 1777/07 caratulada como 'Pedro Valentín Pierre y otros sobre delitos de acción pública'.
Pierre estaqueó en las inmediaciones del aeropuerto de Puerto Argentino, al soldado Darío Gleriano entre medio de tanques de combustible. La causa la investiga el sistema judicial de Río Grande". Sobre dicho militar, Alonso recalcó que "Pierri trabaja en la Dirección General de Escuelas", y que actualmente "está acobachado en Quilmes; incluso años atrás fue el vicepresidente del PJ de Quilmes".
Estela de Carlotto, en carácter de titular de Abuelas de Plaza de Mayo, envió el 26 de abril pasado una nota a Diputados en la que expresó la "preocupación" por el proyecto ya que "plantea equiparar a exmilitares que participaron de la Guerra de Malvinas", con el beneficio de régimen especial jubilatorio "que tienen los ex soldados conscriptos de Malvinas". Y detalló: "El proyecto beneficiaría a militares de la propia dictadura que cometieron delitos de lesa humanidad".
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