Luego haber tomado estado parlamentario en el Senado bonaerense la semana pasada, el proyecto que establece un régimen previsional especial para excombatientes de la guerra de Malvinas recibió el rechazo por parte de Abuelas de Plaza de Mayo y duros cuestionamientos desde el Centro de Ex combatientes Islas Malvinas (CECIM).
Se trata de una iniciativa presentada por el diputado provincial del unibloque "17 de noviembre", Fabio Britos, que "establece un régimen previsional especial para los suboficiales y oficiales combatientes de las fuerzas armadas y de seguridad", que hayan participado en la Guerra de Malvinas. Britos explicó a este medio que la ley "busca igualar a los ex combatientes de las fuerzas armadas bonaerenses con lo que pasa en el resto del país", y agregó "se está pidiendo un beneficio para aquellas ex combatiente que trabajan en el estado bonaerense, y que para trabajar allí presentaron un certificado del ministerio de Defensa de la Nación que certifica que no pesa ninguna denuncia ni cometieron delitos".
Sin embargo, desde el CECIM de La Plata afirmaron a El Destape que detrás del escrito hay un "lobby militar", y remarcaron que la ley "otorga una jubilación de privilegio a los militares". "Esta ley nos ofende y ofende nuestra lucha en materia de Derechos Humanos", dijo Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM.
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El 24 de mayo el proyecto se trató sobre tablas en la Cámara baja bonaerense y generó algunas discrepancias en el bloque del Frente de Todos, ya que hubo legisladores y legisladoras que se abstuvieron. La Izquierda votó en contra. Guillermo Kane, diputado del Frente de Izquierda dijo que "nos reunimos con ex combatientes y tenían una oposición a que se extienda el beneficio", por lo no acompañaron con el voto.
El 24 de agosto tomó estado parlamentario en el Senado, bajo el mando de Verónica Magario. Antes de convertirse en ley, se tratará en la comisión de Presupuesto e Impuestos.
Qué dice la Ley
El expediente 629/22-23 "establece un régimen previsional especial para los suboficiales y oficiales combatientes de las fuerzas armadas y de seguridad", que hayan participado en la Guerra de Malvinas y que "sean aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), y agentes del Banco Provincia".
En el artículo 2 indica que quienes podrán acogerse al nuevo beneficio será "suboficiales y oficiales combatientes", es decir militares, que hayan sido "dados de baja o retirados por una incapacidad en un acto bélico". El artículo 3 advierte que "no gozarán del beneficio los oficiales y suboficiales que se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones".
Sin embargo, Ernesto Alonso tiró por la tierra dicho apartado. "Nadie que no tenga una sentencia firme se le puede negar un beneficio", dijo y agregó: "Eso de que un militar esté procesado no corre; están haciendo una ley a medida de los militares".
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El artículo 4 propone que el haber jubilatorio "será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires e incluirá el 100% del subsidio establecido en la ley 13.659".
Sobre dicha norma, Alonso explicó que "todos los beneficios que se consiguieron desde el CECIM siempre fue para los colimbas, porque nosotros fuimos llevados obligados a Malvinas". El 26 de abril de 2007 se sancionó la Ley 13.659 que otorga "un subsidio mensual equivalente al 180% del sueldo básico nominal de un auxiliar del Poder Judicial", para el personal de la administración pública provincial, "que acredite la calidad de Ex soldado Conscripto, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en situación de retiro o baja voluntaria".
"No modifican nuestra ley, hacen una ley especial para darle el mismo beneficio de jubilación anticipada a los militares que trabajan en provincia de Bueno Aires", denunció Alonso y agregó que "el plus de la ley 13.659 son unos $110.000 actualmente". Por último, advirtió que "en términos jurídicos están dando un doble beneficio que tendrá un agujero negro en el IPS".
Al respecto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una nota el 12 de mayo pasado al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin, en la que citó diferentes ejemplos de militares que se verían beneficiados con el proyecto: "Pedro Pierre está denunciado en la causa 1777/07 caratulada como 'Pedro Valentín Pierre y otros sobre delitos de acción pública'. Pierre estaqueó en las inmediaciones del aeropuerto de Puerto Argentino, al soldado Darío Gleriano entre medio de tanques de combustible. La causa la investiga el sistema judicial de Río Grande". Sobre dicho militar, Alonso recalcó que "Pierri trabaja en la Dirección General de Escuelas", y que actualmente "está acobachado en Quilmes; incluso años atrás fue el vicepresidente del PJ de Quilmes".
Otro militar que actualmente cobra pensión honorífica y "no le corresponde" - a entender de la CPM es el "Teniente de Navío, Miguel Ángel García Velazco, condenado a prisión perpetua en la causa ESMA es beneficiario en el IPS y cobra el beneficio de Pensión Honorífica por participar en la guerra de Malvinas".
También sería beneficiado, según la misma nota, "el capitán de Corbeta, Daniel Eduardo Robelo, ex jefe de operaciones Base Naval Mar del Plata condenado por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas".
Estela de Carlotto, en carácter de titular de Abuelas de Plaza de Mayo, envió el 26 de abril pasado una nota a Diputados en la que expresó la "preocupación" por el proyecto ya que "plantea equiparar a exmilitares que participaron de la Guerra de Malvinas", con el beneficio de régimen especial jubilatorio "que tienen los ex soldados conscriptos de Malvinas". Y detalló: "El proyecto beneficiaría a militares de la propia dictadura que cometieron delitos de lesa humanidad".
Según pudo averiguar El Destape, la ley "cuenta con el apoyo de intendentes - en uso de licencia o no - del conurbano bonaerense". "Los milicos meten presión y algunos dirigentes ceden aunque hay otros dentro del PJ que no están de acuerdo", dijo un histórico militante de los derechos humanos y ex combatiente a este medio.
Por otra parte, fuentes legislativas aclararon que "el proyecto salió con el visto bueno del área de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires". Además, remarcaron que la iniciativa "la pidió el IPS e incluso se modificaron artículos al escrito original". En representación del bloque del Frente de Todos, los diputados Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús, y el ministro de Justicia, Julio Alak, fueron quienes se reunieron con el CECIM y llevaron adelante el proyecto.
El caso de Aldo Rico
Durante los '90, el teniente coronel Aldo Rico, fue intendente del distrito bonaerense de San Miguel, diputado provincial, asesor en la Cámara de Diputados, y ministro de Seguridad. "Tuvo aportes de todo tipo en la provincia de Buenos Aires y con esta ley se vería beneficiado", afirmó Alonso. De aprobarse la norma, "Rico podría estar cobrando una jubilación de más de $300 mil", recalcó.
Días atrás, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Aldo Rico por "amenaza de rebelión", luego de que difundiera un video en el que convocaba a sus camaradas de armas ante una sensación de supuesta anarquía en el país. El juez federal Ariel Lijo le delegó la instrucción de la causa al fiscal para que investigue si Rico generó un movimiento con militares retirados que pudiera atentar contra las instituciones democráticas.
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