La Sala I de la Cámara de Casación Penal declaró admisibles los recursos extraordinarios presentados por cuatro víctimas de la megacausa en la que se investigan las torturas y violaciones a los derechos humanos que padecieron soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas por parte de sus superiores. Frente a este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación será la encargada de resolver si los hechos denunciados deben ser investigados como delitos de lesa humanidad.
Los recursos extraordinarios federales fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal, el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (Cecim), la Comisión por la Memoria de la Provincia (CPM) de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la querella por las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías. Por su parte, el fallo tiene las firmas de los magistrados Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, y contiene consideraciones del camarista Daniel Antonio Petrone, el restante integrante del tribunal que no suscribió la sentencia por encontrarse en uso de una licencia.
En su voto, previo a la firma en cuestión, la jueza Figueroa sostuvo: "Los agravios expuestos en los recursos extraordinarios federales resultan suficientes para habilitar al debate de una cuestión federal al vincularse con la interpretación y alcance del derecho penal internacional y humanitario de investigar presuntos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y graves violaciones a los derechos humanos". Mientras que añadió: "Se encuentra en juego la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar a sus responsables", aclarando que un "incumplimiento generaría responsabilidad ante la comunidad internacional".
Por otra parte, Petrone indicó que los recursos extraordinarios "se encuentran legitimados y hablita las vías excepcionales interpuestas a fin de que el caso sea analizado por el más alto Tribunal como fiel intérprete y en salvaguarda final de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional". Mientras que Barroetaveña coincidió con sus dos colegas previamente mencionados y la Corte quedó habilitada para decidir si el Estado tiene la obligación de investigar y eventualmente juzgar las graves violaciones a los derechos humanos o no.
Recordemos que en mayo, la misma sala anuló un fallo judicial contra el exmilitar Jorge Oscar Ferrante -oficial del Regimiento de Infantería 5 en 1982, imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa-. Por intermedio de esta decisión firmada por Barroetaveña y Petrone, y el voto en disidencia de Figueroa, Ferrante había quedado virtualmente sobreseído. Fue dictado acorde con uno anterior, en el mismo sentido, firmado por otra sala de Casación y que había favorecido al militar Jorge Taranto, acusado por esos hechos.
¿Qué se denuncia?
Con respecto a las investigaciones de los delitos en cuestión, aparecen hechos denunciados como estaqueamientos de soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos; el enterramiento de pie en pozos que las mismas víctimas debían cavar, golpizas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia, según se reseñó en el fallo. "La decisión no implica abrir juicio sobre la cuestión de fondo que constituye el objeto de esta inspección pues, vale reiterarlo, más allá de nuestra opinión sobre la categorización de los hechos juzgados, lo cierto es que el tópico fue objeto de expreso tratamiento y decisión en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada", expresan los jueces.
Ante esta determinación, las querellas presentaron recursos federales extraordinarios y la Sala I de la Cámara de Casación determinó que la Corte Suprema deberá tomar ahora una decisión de fondo sobre la obligación del Estado de investigar estos delitos. "Es un gran paso para construir Memoria, Verdad y Justicia con los soldados que fueron torturados en Malvinas. Ellos son las últimas victimas colectivas de la dictadura militar", indicó Jerónimo Guerrero Iraola, representante de la querella que sigue el Cecim La Plata en este expediente, en diálogo con Agencia Télam.
Con Información de Télam
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