Luego de varios años, y pasado el intervalo de desinterés que mostró en el tema la administración de Mauricio Macri, el gobierno argentino volverá a presentar una denuncia contra empresas petroleras que operan ilegalmente en las aguas que rodean a las islas Malvinas. El secretario de Malvinas, Daniel Filmus, y el de Energía, Darío Martínez, identificarán en conferencia de prensa a tres firmas que participan de la explotación de hidrocarburos en lo que para nuestro país es la plataforma continental argentina. Entre otras consecuencias, esas empresas no podrán operar en el territorio continental.
En su momento, cuando se hizo una denuncia similar, todas las empresas optaron por mantener sus explotaciones en el continente y no seguir con su participación en la exploración alrededor de las islas, que es una inversión incierta y a largo pazo. Filmus y Martínez denunciarán administrativamente a tres petroleras extranjeras: dos de ellas se asociaron a la exploración en el Atlántico Sur durante el gobierno macrista y una de ellas más recientemente. Una vez que sea notificadas, el Gobierno comenzará a estudiar si participan de sociedades comerciales con negocios en el país, que muchas veces se hace a nombre de una subsidiaria. En caso de formar parte de algún negocio local se realiza la denuncia penal y esas sociedades quedan suspendidas y pueden llegar a expropiarse.
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La última denuncia de este tipo fue presentada en 2015 por los entonces ministros Héctor Timerman y Julio De Vido contra las firmas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc y Edison International SpA , que llevaban adelante tareas de exploración y explotación con consentimiento del Reino Unido pero sin autorización argentina. A esas empresas se las declaró "clandestinas" y se procedió a inhabilitarlas por el término de 20 años para desarrollar actividades en nuestro país.
La ley 26659 -aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2011- prohíbe “desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación” y castiga con penas de entre 5 y 15 años de prisión, multas de hasta un millón quinientos mil barriles de petróleo e inhabilitación especial de hasta 30 años a quienes exploren o extraigan hidrocarburos del subsuelo marino argentino sin autorización de la Secretaría de Energía de la Nación. El Estado argentino es dueño de los combustibles fósiles ubicados a partir de las 12 millas marinas hasta el límite exterior de la plataforma continental, lo que incluye a las Malvinas.
Sucedió que durante la gestión de Macri el sistema se relajó por completo. Se volvió a algo similar a la política de seducción que el canciller Guido Di Tella realizó durante el menemismo. Si bien en lo formal se mantuvo el reclamo argentino de soberanía en las Naciones Unidas, notoriamente la cuestión Malvinas dejó de formar parte de las prioridades de la política exterior. Quedó claro en 2016 lo que se dio a conocer con el nombre de "Pacto Foradori-Duncan", por el nombre de los vicecancilleres argentino Carlos Foradori y británico Alan Duncan, donde acordaron "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos". Se interpretó como un aval argentino a la explotación de recursos por parte de los isleños.
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"Argentina tuvo una actitud distinta a la que nosotros tenemos hoy, tuvo cierta laxitud que permitió que muchos esfuerzos que habíamos hecho en procura de garantizar nuestros derechos sobre Malvinas queden opacados o más delgados de lo que era lo robusto de nuestro planteo", remarcó el presidente Alberto Fernández respecto a la política de su antecesor durante el acto realizado el 10 de junio pasado, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas. El Presidente resaltó en ese acto el seguro interés económico que respalda la usurpación. "Allí hay un reservorio importante no sólo en materia pesquera. No sabemos bien cuáles son los recursos hidrocarburíferos que puedan encontrarse allí, lo que está claro es que por razones económicas o militares alguien se instaló usurpando tierra que es de la Argentina", destacó Fernández.
En 2020, el Congreso sancionó el proyecto sobre Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo. También convirtió en ley la reforma del Régimen Federal de Pesca para elevar considerablemente las sanciones y multas a quienes pesquen ilegalmente en aguas argentinas, incluyendo las que rodean a las Islas Malvinas. Con la denuncia que se hará este miércoles las firmas petroleras deberán volver a optar si prefieren mantenerse en la exploración ilegal marítima o continúan con sus tratos comerciales con el continente.
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