Actualmente, en la Cámara de Diputados, se está debatiendo si, después de años y años de maltrato y restricción de libertades, se vota a favor de legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Para esto, la lucha de los pañuelos verdes y el movimiento feminista fue clave y continúa en la búsqueda para que sean respetados los derechos de las mujeres y el movimiento LGBT en nuestro país. Si el próximo 10 de diciembre sale la media sanción en la Cámara Baja, se tratará en el Senado y habrá chances de que la Ley del Aborto sea un hecho. Quien toma un gran protagonismo, si esto ocurre, será el misoprostol, principal medicamento que se utiliza para estas intervenciones.
Pero, ¿qué es exactamente? Se trata de un análogo semisintético de prostaglandina E1 (PGE1) que, en primer lugar, fue indicado para la prevención y el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales. Pero luego, al estar contraindicado su uso en el embarazo, las mujeres en toda América Latina comenzaron a utilizarlo como método abortivo durante la década del ‘80. Lo que produce al ingerirlo es un reblandecimiento y dilatación cervical generando un aumento de las contracciones uterinas, similares a las de un aborto espontáneo, expulsando el contenido del útero.
Magalí Fernández Valdez, quien forma parte del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, dialogó con El Destape y dio detalles en relación al trabajo que vienen realizando hace ya tiempo. "Surgió a raíz de la necesidad de hacer algo en relación al acceso al misoprostol, que es el medicamento que garantiza la posibilidad de pensar en un acceso igualitario al aborto seguro. Muchas veníamos de una militancia de años en este tema en 'Lesbianas y Feministas' por la Descriminalización del Aborto (la Línea Aborto, Más información menos riesgos), en Nuevo Encuentro y de otras trayectorias más vinculadas con el periodismo y el diseño y nos juntamos para darle forma a este proyecto", cuenta. Esta organización se propone brindar información sobre los avances científicos en torno al misoprostol y construir un monitoreo nacional sobre su acceso.
Hace más de 30 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió investigar los abortos ilegales en Latinoamérica y la razón por la que se redujo la cantidad de complicaciones ante estas prácticas. "La respuesta fue que las mujeres y lesbianas estaban experimentando con sus propios cuerpos el efecto abortivo del misoprostol. Esta práctica que comenzó con las brasileñas en la década del 80, luego fue difundida como un secreto a voces por el resto de América Latina", explicó Magui. Esto terminó con el misoprostol siendo recomendado como el medicamento más apto y seguro para realizar la IVE, incluso de manera ambulatoria. Se estima que la tasa de éxito para obtener un aborto completo, sin requerir otra intervención, es cercana al 85% tanto en el primer o segundo trimestre del embarazo. Como si esto fuera poco, la OMS lo considera, desde 2007, como medicamento esencial que debe estar disponible en todo momento con calidad garantizada y un precio accesible.
¿Por qué es tan difícil su acceso?
Más allá de lo dictaminado por la OMS, no es posible que toda persona gestante pueda acceder al misoprostol. Según Fernández Valdez, esto se debe a tres obstáculos: su elevado costo, el requisito de receta como condición legal para la compra del medicamento ya que muchas veces los médicos y las médicas se niegan a brindarlo (en provincias como San Juan y Mendoza, por ejemplo, su venta está prohibida) y, por último, el acceso a información de calidad y actualizada, que mantiene un imaginario colectivo en relación al aborto quirúrgico que hace muchos años que ya no se realiza.
"En Argentina la venta de misoprostol fue, durante muchos años, monopólica en manos del Laboratorio Beta -con la venta de Oxaprost- y desde noviembre de 2018 se da una situación de oligopolio con la incorporación de Laboratorios Domínguez con el Misop 200. Esta situación da por resultado un gran abuso en el precio del medicamento que entendemos que se usa como una forma de estigmatización de quienes abortan y de control de los cuerpos y el deseo de acceder a abortos seguros", explica la directora ejecutiva del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol. Lo que plantean es "alentar su inclusión en el Plan Médico Obligatorio" para así garantizar la cobertura gratuita por parte de obras sociales y prepagas, favoreciendo acuerdos de precios entre el Estado y los laboratorios.
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La presencia del Estado para eliminar desigualdades
Más allá de lo que ocurra con la votación en la Cámara de Diputados y, si se logra la media sanción, lo que pueda suceder semanas más tarde en el Senado, Magalí Fernández Valdez no duda en mirar hacia el Estado y el rol que tiene que desempeñar para abogar por los derechos, libertades y la salud de las mujeres y personas gestantes. "Es necesario contar con un Estado presente en materias de políticas sanitarias en líneas generales. Creo que esto quedó más que claro después de este año de pandemia donde nos enfrentamos al comienzo con los efectos de las políticas neoliberales de desfinanciamiento a la salud pública que venía implementando el macrismo", opinó.
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A su vez, remarcando la importancia de las políticas públicas que implemente el gobierno nacional de su posible legalización y despenalización en adelante, comentó: "En lo que respecta al aborto, el envío del proyecto es un gesto positivo a considerar". Y sobre las posibles medidas a tomar, manifestó: "Es necesario un Estado presente en materia de políticas de acceso a medicamentos impulsando los laboratorios públicos para la producción pública de medicamentos -clave en la construcción de nuestra soberanía sanitaria- e incidiendo en el control de precios para la venta de medicamentos en farmacias".
Magui Fernández formó para de las exposiciones del debate de Comisiones por la legalización del aborto durante esta última semana. Allí, frente a la Cámara Baja, destacó la importancia del Estado como "garante de la salud para todas, todos y todes", remarcó que el sistema de salud debe comprender la multiplicidad de cuerpos e identidad y les pidió a los políticos y las políticas que estén a la altura de este momento histórico. "Alrededor de 1,2 millones de mujeres no pueden afrontar los costos de una caja de misoprostol. Estos números no contemplan a lesbianas, varones trans, personas no binarias y otras personas con capacidad de gestar", sentenció. Que sea ley.
Su exposición completa: