En medio de la creciente preocupación por la inseguridad en la provincia de Córdoba, con reclamos de mayor presencia policial en las calles, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, apuntó contra el diputado nacional Rodrigo De Loredo y el senador Luis Juez acusándolos de ser "cagones" por no dar lugar al debate de la baja de la edad de imputabilidad y otras reformas en el sistema penal juvenil.
Quinteros criticó la falta de compromiso de los legisladores al señalar que prefieren “hacer marketing” en redes sociales en lugar de legislar, en medio de una polémica por los delincuentes menores de edad que fueron detenidos en las últimas semanas.
“No los votaron para los videos de Instagram ni los videos de TikTok, los votaron para que se sienten en una banca y discutan la baja de imputabilidad. No tienen huevos”, lanzó Quinteros. Y agregó: "No sigan en los grises, digan si están a favor o en contra, para eso les pagan un sueldo”.
El ministro dijo que cumple con “el deber” que le encomendó el gobernador Martín Llaryora de estar en la calle y combatir el delito. “A esa ola creciente de delitos que usted nos manifiesta le respondemos con trabajo”, dijo al ser consultado sobre los recientes robos en territorio cordobés.
A mitad de 2024, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación realizaron la reunión informativa sobre sobre el proyecto que establece un nuevo régimen penal juvenil. La iniciativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca que los menores puedan ser imputados desde los 13 años por alguno de los hechos tipificados en el Código Penal. Además, impulsa penas de entre 3 y 8 años de prisión y hasta un máximo de condena de 20 años. Sin embargo, la plataforma de seguridad del Gobierno nacional recibió un sinfín de cuestionamientos por las consecuencias que podrían traer estos cambios.
Córdoba: casos de inseguridad y baja de imputabilidad
Uno de los casos que más preocupa a la provincia es el que envuelve a un adolescente de 16 años que cuenta con un extenso prontuario delictivo. La semana pasada fue detenido en la ciudad de Córdoba cuando intentaba asaltar a mano armada a un conductor de una aplicación de viajes.
El menor es conocido en la capital cordobesa como “El Pistolero”. De acuerdo a su historial, al que accedió Infobae, solo el año pasado sumó 21 ingresos a comisarías por tentativas de robos, robos simples y otros agravados por el uso de armas de fuego. Sin embargo, luego de cada llamado de atención, el menor volvía con su familia.
La mayor cantidad de ilícitos que ejecutó ocurrieron en las inmediaciones del barrio Marqués Anexo, la misma zona donde en la noche del martes 11 de febrero fue capturado nuevamente por la Policía local. Según el relato de la víctima, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Del Farolero y pasaje 9 de julio. El denunciante se encontraba en plena jornada laboral y se dirigía a buscar un pasajero cuando el chico trató de atacarlo.
El robo no se concretó y el menor, que cumplió 16 años el pasado mes de enero, fue detenido en la esquina de las calles Cornelio Saavedra y Del Molino por vez número 22. No obstante, existe una diferencia sustancial entre este episodio y todos los anteriores: ya no es más inimputable y las autoridades provinciales piden que quede preso.
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Luego del suceso, el ministro Quinteros aseguró que “es imprescindible que, de una vez por todas, los distintos sectores políticos representados en nuestro Congreso Nacional se animen a un debate profundo y sin especulaciones sobre el actual régimen penal juvenil, que claramente no está a la altura de las circunstancias”.
No obstante, especialistas, profesionales y referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos niegan que la incidencia estadística en las tasas de delito de este rango etario sea relevante y advirtieron que la baja de la edad de punibilidad y el aumento de penas de los menores no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad.
Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” indicó que “los sistemas de justicia juvenil en el continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el uso excesivo de las medidas de privación de libertad”. Según lo expuesto, los agentes policiales realizan detenciones preventivas y los privan del contacto con sus familiares. L
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