En la Argentina no existen mediciones sobre homicidios que permitan asegurar con rigurosidad que haya un incremento de la participación de menores en los delitos. Incluso todos los datos indican lo contrario, y hasta marcan un pronunciado descenso en los últimos diez años. El porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes es ínfimo.
Luego de que un adolescente de 15 años fuera acusado de asesinar a un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro para robarle la bicicleta, desde Juntos por el Cambio volvieron a proponer la baja de la edad de imputabilidad. En el Frente de Todos hay opiniones divididas, pero tanto el presidente Alberto Fernández como la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, no consideran que la solución sea más punitivismo y medidas de encierro.
Aunque las estadísticas oficiales son escasas o no están actualizadas por la complejidad que requiere el procesamiento de los datos, los informes disponibles derriban todas las falacias que se plantean con demagogia punitiva en el debate público sobre los delitos cometidos por los jóvenes en la Argentina.
A nivel nacional, el porcentaje de “presuntos victimarios de homicidios dolosos” menores de 18 años no llega al 6%, según datos oficiales de 2019. En la provincia de Buenos Aires, los delitos cometidos por menores apenas llegan al 2,7% del total, según información que surge de las investigaciones penales del Poder Judicial.
Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires se registra un pronunciado declive del 60% en la cantidad de homicidios dolosos atribuidos a menores de 18 años entre 2009 y 2019. También hay una caída en las imputaciones. Del 12% registrado en 2013 bajó a un 7% en 2019.
En cuanto a la tentativa de homicidios también hubo un marcado descenso de la población juvenil: del 13% al 8% en la última década. Las imputaciones contra menores bajaron del 10% al 7% en el mismo período.
Estos datos corresponden a informes del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del ministerio Seguridad, y del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en base a información del Poder Judicial provincial.
Según datos del ministerio de Justicia de la Nación, en 2016 se dictaron más de 37 mil condenas judiciales: apenas el 0,4% fueron cometidos por menores de 16 y 17 años.
En la Ciudad de Buenos Aires, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la capital del país solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años. Es decir, un 3,8 por ciento del total. El dato corresponde al último informe del Consejo de la Magistratura porteño, de hace 5 años.
Otro relevamiento, también del 2015, realizado por la secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, indica que había casi 7.200 menores cumpliendo una pena o restricción dispuesta por un juez. Solo el 3,8% tenía menos de 16 años.
La primera falacia es la supuesta problemática del delito penal juvenil: no es cierto que los menores cometen la mayor cantidad de delitos. La realidad demuestra que el porcentaje de delitos penales de gravedad cometidos por adolescentes es incluso menor entre quienes tienen entre 14 y 15 años.
Una segunda falacia es la del efecto disuasivo de la baja de la edad de imputabilidad. No hay ejemplos en el mundo que hayan demostrado que el derecho penal tenga realmente un efecto para evitar que se cometan delitos.
Y una tercera falacia que se plantea en el debate: el crimen organizado se aprovecha de los niños no punibles. Desde esa mirada, las organizaciones criminales deberían buscar niños y niñas cada vez más jóvenes, y por lo tanto habría que continuar con modificaciones a la edad de imputabilidad. Además, si el menor es víctima del crimen organizado, el castigo no podría ser una respuesta de un Estado que debería protegerlo.
La "Red Argentina No Baja", un colectivo integrado por especialistas y organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos, plantea que el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad confunde sobre el fondo de la cuestión y distingue entre dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas.
Una es la necesidad de establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos. El actual fue dictado por la última dictadura en 1980, con la Ley 22.278. La otra, un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los y las adolescentes para la franja de 16 y 17 años.
El límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir presos fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, luego reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar, y volvió a establecerse en 16 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Los especialistas también advierten que se utiliza a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que, en realidad, son los primeros en sufrir.
“Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes, cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial”, publicaron en un comunicado cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó sin éxito avanzar con la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años.
La política represiva es, además de ineficaz, mucho más costosa. Es el planteo de quienes consideran que deben atacarse las causas y no los efectos del problema en un país más de la mitad de los menores viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, resulta también injustificado destinar más recursos al sistema de cárceles, institutos y gastos del Poder Judicial. Incrementar penas nunca resolvió problemas sociales como el delito, la violencia o la conflictividad social.
Por último, también hay consenso entre especialistas y organismos tanto nacionales como internacionales que bajar la edad de imputabilidad es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. Se violaría el principio resocializador y de mínima intervención sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los órganos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
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