Durante el 2019, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, se registraron más excarcelaciones que en todo 2020, marcado por la pandemia. Las cifras desmienten el discurso dominante de la oposición, que centraron la campaña electoral en la problemática de la inseguridad.
Los datos surgen del Registro Único de Personas Detenidas (RUD) e incluyen a todos los que salieron de la cárcel. Según el informe oficial, en 2019, último año de gobierno macrista en la provincia de Buenos Aires, hubo 42.061 egresos del Sistema Penitenciario. Sin embargo, en 2020 ese número se redujo a 36.257 reclusos que volvieron a obtener su libertad. la situación se repite en los otros tres años de gestión vidalista.
Otro dato que resulta interesante analizar es que en los últimos ocho años, hubo más ingresos que egresos de las cárceles. En total, entre 2016 y 2016, se registraron 156.290 egresos. Y en 2020, hubo 37.460 ingesos y 36.257 egresos. Aún así, las fake news respecto a la "liberación masiva de presos" se intensificó a días de las elecciones legislativas del domingo.
Qué pasó en pandemia
Luego de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuidar la salud de los reclusos frente al hacinamiento de las cárceles en el marco de la pandemia, diversos tribunales del país, principalmente de la Provincia de Buenos Aires, dispusieron la salida de presos con el objetivo de reducir la población carcelaria y evitar la propagación del virus dentro de los penales. Aún con ese condicionamiento pro la crisis sanitaria, la cifra de salidas fue menor al de 2019.
La Cámara Federal de Casación emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como hurtos); personas que estén próximas a cumplir su pena; personas condenadas a menos de 3 años de prisión; personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional; mujeres embarazadas y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).
Sobre delitos graves (como homicidios o delitos sexuales), la Cámara de Casación ordenó evaluar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la aplicación de estas recomendaciones.
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