El impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario extraordinario, por única vez, afectará sólo a un 0,02% de la población argentina (alrededor de 10 mil personas), la más rica del país, y sólo a sus bienes personales sin afectar la productividad. Se prevén recaudar más de 300 mil millones de pesos para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, avanzar con las mejoras habitacionales de los sectores más vulnerables de la sociedad y, entre otros puntos, fomentar la creación o mantenimiento de puestos de trabajo mediante la inversión productiva.
De hecho, el proyecto de impuesto a las grandes fortunas estipula que un 15% de lo recaudado – cercano a los $45.000 millones – estará destinado “a los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) para fortalecer dicho proceso, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de sus habitantes”.
Para los curiosos, un 20% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas estará afectado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; un 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores; un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica”.
Por otro lado, un 25% estará destinado a los programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A. la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A. en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de esos proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen.
MÁS INFO
La integración socio urbana como política de Estado
En el proyecto de ley se establece que los habitantes de los barrios populares fueron afectados por la pandemia, principalmente por las condiciones de hacinamiento, estructuras sanitarias deficientes y otros problemas. “Por ello, a través de la identificación del Renabap, la asignación de los fondos de esta Ley podrán contribuir a la integración socio urbana, con un conjunto de acciones para mejorar y ampliar el equipamiento social y de la infraestructura; el acceso a los servicios; el tratamiento de los espacios libres y públicos; la accesibilidad y conectividad; el saneamiento y mitigación ambiental; el fortalecimiento de las actividades económicas familiares; y la regularización del estado de dominio de los terrenos y viviendas, entre otras acciones”.
El diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli, detalló a El Destape que “es muy importante hablar sobre a qué se va a destinar” ese aporte solidario. “Hay un 15% que va al Fideicomiso de Integración Socio Urbana que ya tiene fondos de parte de lo que se fue recaudando con el el impuesto PAIS ($11.000 millones). Ahora se agregaría este 15%, que no es ni nada más ni nada menos que $45.000 millones”.
“Es un montón de plata que vamos a destinar para la integración socio urbana”, dijo el diputado. Dinero que se va a convertir en asfalto, luz eléctrica, servicios de cloacas, de agua, hasta espacios deportivos y culturales. Se trata de una mirada más integral de la problemática. Pero también incluye la creación de lotes con servicios. Tierras con todo lo básico para que las familias puedan construir su hogar. “Una política baste fuerte para resolver el problema habitacional”, reflexionó.
La Secretaría de Integración Socio Urbana es la encargada de manejar y distribuir el dinero del fideicomiso en base a los barrios registrados oficialmente. Fagioli reconoció que “con esos fondos no se alcanza para urbanizar los 4.416 que entraron en el registro” pero es un avance importante y ya comenzaron con pruebas piloto en la mayor cantidad de provincias del país para hacer una integración general y, por otro lado, obras más pequeñas, que son obras tempranas, como la intradomiciliaria de servicios o reparaciones puntuales.
“Yo vivo en un barrio popular, con ese fideicomiso se van a llevar obras a mi barrio para mis vecinos y vecinas”, dijo Fagioli quien agregó que éste “es uno de los principales problemas que tenemos en la Argentina, a lo que se le suma que esas familias muchas veces viven en situaciones económicas complejas”.
Como conocedor de la vida en barrios populares destacó que el principal problema está vinculado a la garantía de servicios básicos y la accesibilidad. “La falta de luz, cloacas y agua como tema a solucionar es fundamental por una cuestión de sanidad pero también porque son derechos básicos. Por otro lado, cuando llueve quedás inundado, no podés salir ni entrar. Después están la recolección de los residuos, al no estar urbanizado no pasan los camiones o se arman microbasurales. Y también te encontrás con la distancia a caminar para llegar a los servicios de transporte” público. “Cuando se hacen obras grandes no se hacen sólo cloacas, es una integración sociourbana que contempla la pata cultural, deportiva, espacios productivos, hacer una construcción integral”, resumió.
Pero también ese 15% - o $45.000 millones – estarán destinados a la construcción de lotes con servicios. Terrenos con todos los servicios básicos para la construcción de casas. “Uno de los grandes problemas que tenemos es el hacinamiento” y muchas veces hay familias que deben ser reubicadas. De ahí la necesidad de generar nuevos espacios y no sólo arreglar los existentes.
Además, “el llevar obras a los barrios populares llevan trabajo porque el objetivo es que lo hagan los vecinos del barrio con cooperativas o que si viene una empresa contrate a vecinos”. Si uno lo piensa, la mayor parte de los puntos estipulados por el proyecto de ley – el “para qué” - están enfocados en fortalecer el sistema para enfrentar la pandemia y garantizar o crear nuevos empleos. Es un plan post coronavirus.
Cerrar sesión