En la provincia de Buenos Aires comenzará a funcionar un Sistema Integrado de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género (SIPP) como modelo metodológico para el abordaje en prevención y asistencia de las violencias por razones de género. La nueva herramienta se creó a través del Boletín Oficial, resolución que firmaron el Gobernador, la ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, Estela Elvira Díaz, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
En la resolución se detalla que “el nuevo paradigma de atención, no sólo debe contemplar a quienes resultan víctimas de violencias, sino también a quienes las ejercen, atento a que las consecuencias de sus acciones repercuten en la reproducción y conservación de las violencias”.
En ese sentido, “es necesaria la intervención del conjunto de los organismos provinciales y gobiernos locales, de manera coordinada y cooperante, con participación de organizaciones de la comunidad dedicadas a la temática, como así también de órganos del Poder Judicial”. Por ello se crearán una Mesa Intersectorial Provincial (MIP), y Mesas Locales Intersectoriales (MLI).
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Fundamentos
Los aportes de los estudios feministas han sido fundamentales para comprender la dimensión del problema de las violencias, sus tipos, modalidades y alcances. A su vez, el género como categoría analítica amplifica la mirada respecto a las problemáticas que atraviesan las mujeres y LGTBI+1.
Se identifican múltiples violencias y discriminaciones por razones de género, que se reproducen en todos los ámbitos por los que transitamos, e interactúan con otras formas de discriminación y vulneración de derechos. Desde este enfoque “entendemos a dichas violencias como constitutivas de un sistema patriarcal que organiza de manera jerárquica la realidad y las relaciones sociales”, expresa la resolución.
Las violencias por razones de género, según la Ley nacional 26.485, son “toda conducta, por acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también la seguridad personal de las mujeres”.
En ese sentido, “el Estado provincial, como garante de las libertades y derechos fundamentales, deberá entender sobre la problemática e instrumentar las políticas públicas que se requieran con el fin de erradicar dichas violencias. La construcción de proyectos, programas y acciones se diseñarán teniendo en cuenta la multicausalidad y multidimensionalidad que requiere abordar esta temática”.
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