La Pastoral Judicial, que reune a jueces, representantes sociales y autoridades eclesiásticas, realizó una nueva jornada en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en el municipio bonaerense de La Matanza.
Reeditando los encuentros llevados a cabo en el barrio 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires y en el Hogar del Padre Cajade en La Plata, alertaron sobre la falta de presencia del Estado para contener la crisis social, profundizada desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la avanzada del narco y el alerta ante los intentos para la baja de la imputabilidad de los menores.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, explicó que a pesar del trabajo que la Iglesia lleva a cabo en los barrios “sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”.
En su discurso de cierre de la jornada, el Obispo adivrtió la necesidad de "tener una visión más crítica de las situaciones que aparecen en los medios, en los cuales parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores".
"Debemos ver la película entera de esa vida para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilita la reinserción social de quienes han cometido un delito”, cerró el religioso, uno de los impulsores de esta convocatoria.
Por su parte, la defensora de los Derechos de Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, narró que esta semana con su organismo tuvieron que llegar a la Corte Suprema de Justicia "para que después de siete meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente”.
"La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”, sostuvo ante los presentes en la parroquia San José, que asiste con techo y comida a más de 1500 personas.
A su turno, el procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, manifestó que "resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016".
También estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma. Esta última recordó que ambos sentaron "una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores”.
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Por su parte, Slokar expresó que "la justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles" y que "frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”.
Y remató: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.
Según se relató, los magistrados escucharon a los asistentes, entre los cuales estaban mujeres, niños y ancianos asistidos por los Hogares de Cristo y también referentes de organizaciones barriales, sociales y sindicales que expresaron a los magistrados sus preocupaciones y estado de alarma que aflige, fundamentalmente, a aquellos que se encuentran en las periferias.
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