Los dirigentes de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Yamil Santoro anunciaron la presentación de una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno para investigar un supuesto direccionamiento a favor de Techint en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, luego del comentario en off que desató la renuncia de Matías Kulfas.
Sin embargo, el hecho que pretenden denunciar no existe, debido a que el convenio de compra de la chapa a SIAT S.A. (una subsidiaria de Techint) todavía no fue formalizado.
Las denuncias de Ocaña, Waldo Wolff y Yamil Santoro por el gasoducto Néstor Kirchner
El último domingo, Ocaña anticipó que este lunes presentaría una denuncia formal para investigar la adjudicación de la chapa para la obra que transportará el gas desde el yacimiento de Vaca Muerta. “Mañana (por este lunes) vamos a pedir una investigación penal sobre el tema, haremos una denuncia en Tribunales. Se hizo una denuncia por parte de un ministro y el Presidente lo echó en vez de investigar o analizar los hechos", afirmó la diputada el domingo en declaraciones a FM Millenium.
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“Voy a llevar adelante la denuncia penal sobre lo que denunció Kulfas en off”, agregó Ocaña, quien realizará la presentación judicial junto con su colega Waldo Wolff, también diputado del PRO.
En paralelo, Yamil Santoro, dirigente del partido Republicanos Unidos que conduce a nivel nacional Ricardo López Murphy, presentó el domingo por la noche su propia denuncia penal a través de la Fundación Apolo "para que se investiguen los presuntos delitos conocidos a partir del affaire Kulfas", según anunció en sus redes sociales.
Santoro formuló su denuncia contra "los integrantes del directorio de la empresa estatal IEASA", encabezada por Agustín Gerez.
La denuncia contra un hecho inexistente
De esta forma, Ocaña, Wolff y Santoro pretenden que el Poder Judicial se expida sobre la versión de un supuesto direccionamiento en la licitación de chapa para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
Los pedidos de investigación surgen de un off the récord atribuido al Ministerio de Desarrollo Productivo que se difundió el viernes pasado, en el cual se acusaba a funcionarios de IEASA (ex Enarsa) cercanos a Cristina Kirchner de favorecer a Techint en la adjudicación (a través de su empresa subsidiara SIAT S.A.) al licitar específicamente caños de 33 milímetros de espesor, solo fabricados en Brasil por la empresa que dirige Paolo Rocca.
En un comunicado propio publicado el sábado y difundido por la Vicepresidenta, IEASA rechazó ese off argumentando que antes de iniciar la licitación consultó a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero, la cual respondió que solo SIAT S.A cumplía con los requisitos.
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De cualquier modo, la realidad es que, aunque SIAT se adjudicó la licitación de las chapas al ser la única en presentarse al pliego, el contrato con esta empresa todavía no fue formalmente firmado.
Según consignó el sitio especializado Econojournal, el Banco Central ya otorgó a IEASA excepción para permitirle acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y transferir los más de 200 millones de dólares necesarios para pagarle a SIAT, pero esta compañía subsidiaria de Tenaris y Techint todavía no cobró el anticipo necesario para poder comenzar a fabricar los tubos de acero.
De este modo, Ocaña, Wolff y Santoro pretenden que se investigue el supuesto direccionamiento de un contrato que en verdad todavía no se firmó.
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