El juez Julián Ercolini, paladín del lawfare, desplazó a la fiscala Paloma Ochoa de la investigación sobre cómo el macrismo le pagó más de 4,5 millones de pesos a Alejandro Vandenbroele, el testigo clave para lograr la condena contra Amado Boudou. La maniobra tiene un objetivo claro: demorar las indagatorias que pidió la fiscala Ochoa, que tenía a su cargo esta pesquisa hace 2 años, desde que se inició esta causa a partir de una revelación de El Destape. El juez hizo además un pedido de información al ministerio de Justicia cuyo único objetivo es demorar el expediente que involucra al ex ministro Germán Garavano, cuya vocera era la esposa de Ercolini. A la par el camarista Mariano Llorens insiste en intervenir en el expediente pese a que se reunió con Macri en Olivos y la investigación sigue abierta.
Hace rato que Ercolini maniobra para demorar este expediente. Tal como informó El Destape, la fiscala Ochoa tenía delegada la investigación desde el inicio de esta causa allá por febrero de 2020. Luego de reunir información vinculada al programa de Protección de Testigos pidió las indagatorias de Garavano, del ex director del programa Francisco Lagos y del propio Vandenbroele. Eso fue el 25 de febrero pasado, pero Ercolini primero las demoró y ahora directamente asume la investigación a su cargo para hacer lo que quiera sin la insistencia de la fiscala. O sea, Ercolini le quita la investigación a la fiscala Ochoa justo después de que pidiera las indagatorias. ¿El motivo? Investigar lo que pidieron los acusados.
Un dato: durante los primeros años del macrismo la esposa de Ercolini, Julia Kenny, trabajó directo con Garavano, imputado en esta causa. Ahora Kenny trabaja en el área de Comunicación del Ministerio Público Fiscal, bajo las órdenes del procurador interino Eduardo Casal. Es curioso que Ercolini no se excuse. O no tanto.
La fiscala Ochoa, ahora desplazada de la investigación, dijo que Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”. La fiscala dio por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”.
Al pedir las indagatorias Ochoa destacó que:
- Mantuvieron a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses
- Le dieron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego de que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley-
- Gastaron en Vandenbroele $4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.
- No lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.
Ercolini, sin embargo, hasta el día de hoy no dio curso a las indagatorias. Primero, tal como informó El Destape, hizo una maniobra para estirar los tiempos. Ahora directamente le quita la investigación a Ochoa y pide una serie de medidas que son redundantes con lo que ya investigó la fiscala. Le pidió al Ministerio de Justicia que informe:
- Si se hicieron auditorías internas sobre el Programa de Protección de Testigos
- Cuantas personas fueron incorporadas al Programa desde su creación, si tuvieron asistencia económica y por cuanto tiempo
- Cuantas personas fueron relocalizadas y reinsertadas laboralmente, obviamente sin dar datos que permitan identificarlas
- Lo que se gastó en cada caso, algo que ya investigó la fiscala Ochoa
El juez Ercolini pidió además todas (todas) las resoluciones de todos (todos) los ministros de Justicia vinculadas al Programa de Protección de Testigos. También le pidió al Congreso que le envie los antecedentes parlamentarios de la sanción de las leyes de Protección de Testigos. O tiene ganas de leer o busca ganar tiempo, y por sus antecedentes todo indica que es la segunda opción.
Mientras Ercolini hacía esta maniobra el camarista Mariano Llorens no se quedó atrás. Firmó una resolución donde se negó a apartarse de intervenir en este expediente. Alegó que en la causa donde se investiga su reunión con Macri en Olivos, revelada por El Destape, el fiscal Ramiro González pidió desestimarla por inexistencia de delito. Pero lo cierto es que el juez Sebastián Casanello admitió a los denunciantes (Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco, José Ubeira, Héctor Rodríguez y Andrés Albor) como querellantes y aún investiga el caso. No se cerró.
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