El Frente de Todos confía en que tiene los votos necesarios para avanzar en el Congreso con el Juicio Político solicitado por Alberto Fernández contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al menos en la Cámara de Diputados, donde se tramitará la apertura del sumario. Mientras tanto, el Presidente delinea la estrategia a implementar y que someterá a discusión este martes con los gobernadores para formalizar el planteo.
El mandatario adelantó el domingo que reclamará que se investigue la conducta del presidente del máximo tribunal en el "desempeño de sus funciones" como también la de los otros miembros del tribunal tras la filtración del presunto intercambio de chats que vinculan al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro con la mano derecha de Rosatti.
Tal como dicta el reglamento, la solicitud ingresará por la Comisión de Juicio Político. Su presidenta, Carolina Gaillard, adelantó este martes en diálogo con El Destape Radio que el oficialismo "tiene mayoría" para que empiece la investigación en la Cámara Baja, que duraría el principio 60 días, según aclaró. "Es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar" el posible mal desempeño del magistrado, puntualizó Gaillard al referirse al mecanismo que se activará.
En línea con la carta que presentó ayer el mandatario, la representante del FdT advirtió que "estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, y la decisión del Presidente de enviar el juicio político es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo y que establece la Constitución para investigar y determinar responsabilidades".
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La legisladora señaló además que "el bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para tramitar en la apertura del sumario para empezar a investigar" y aseguró que, en un plazo de 60 días, "se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan".
El domingo, Alberto Fernández adelantó que instruyó al ministro de Derechos Humanos, Martín Soria, que promueva las "acciones penales pertinentes" para impulsar una investigación respecto de los "presuntos hechos de corrupción" que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de la Ciudad.
Tal como adelantó El Destape, este martes evaluará nuevamente con los gobernadores la respuesta al fallo de la Corte Suprema que favoreció a la CABA en el reparto de fondos coparticipables. El miércoles pasado, los 14 gobernadores mantuvieron la estrategia trazada y anunciaron que habían instruido a los fiscales de Estado de cada provincia para acompañar la presentación del Estado Nacional ante la Corte apelando el fallo y recusando a los jueces y volvieron a reclamar que sean tenidos en cuenta como amicus curiae, una posibilidad que el máximo tribunal nunca les concedió. Su razonamiento es que los 180 mil millones de pesos extra que irán por año a la opulenta CABA de Horacio Rodríguez Larreta representarán menos obra pública en el interior.
Cómo sería el proceso de juicio político
Gaillard precisó que una vez que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto a la Cámara de Diputados, "se podría convocar a sesiones extraordinarias para que la comisión de Juicio Político se pueda reunir; se fija un temario; se convoca a la comisión con quórum reglamentario y se dictamina la apertura del sumario".
Luego, según explicó la diputada, "se realiza la investigación en un plazo de 60 días, tras lo cual se dictamina si surgieron responsabilidades por mayoría simple y luego se requieren dos tercios en el Senado, que juzga si destituye o no". "Para la instancia del recinto falta mucho y allí se verá. Es súper importante la etapa del sumario y la investigación", aseveró la diputada del FdT.
Gaillard consideró que "la Corte se entrometió en las facultades que tiene el Congreso" y sostuvo que "se conocieron estos chats donde claramente hay tráfico de influencias respecto a una persona de mucha confianza del presidente del máximo tribunal".
"No se puede no hacer nada cuando nos enteramos que una persona de confianza del Presidente de la Corte habla con el ministro de Justicia de CABA para arreglar un fallo", aseveró la diputada del FdT.
Según la legisladora, "hay una afectación a la vida cotidiana cuando la Justicia funciona mal", aunque aclaró que "es un juicio político, no un juicio penal". "Lo que hace es apartar del cargo a la persona responsable. Se procede a la destitución", concluyó.
Con información de Télam
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