Hace un par de semanas decíamos en esta misma columna que la decisión de Rodríguez Larreta de judicializar la cuestión de las medidas sanitarias tomadas con relación al AMBA por el gobierno nacional era temeraria. Sosteníamos que una evidente decisión de complicar al gobierno utilizando como herramienta la impugnación a medidas de emergencia tomados en un punto alto de la gravedad de la pandemia en el país y en la región podía convertirse en un “boomerang”: bastaría que los resultados de esa táctica política terminaran colapsando el sistema sanitario local para que la maniobra desnudara políticamente a sus responsables. El derrumbe no se produjo. Pero su amenaza no ha cesado aún en las condiciones de cierto mejoramiento de los datos en los últimos días; todavía no empezó el invierno y nadie puede negar los riesgos que nos amenazan en todo el país. La esperanza de que las vacunas, que el activismo estatal ha permitido sumar, se incorporen con la rapidez y eficacia necesaria para terciar en una situación crítica, es eso, una esperanza, útil y necesaria en la medida en que no paralice las otras instancias necesarias para la emergencia, la principal de las cuales es el cuidado.
El poder judicial porteño aprobó con inusitada rapidez las impugnaciones presentadas por el gobierno y permitió a su jefe lucirse por la efectividad y la dramática velocidad con que “resolvía” el diferendo: en horas dictó un fallo que permitió que las clases no se suspendieran ni un solo día. La temeridad del alcalde sorteaba un primer obstáculo. Cuando ya la materia en litigio no existía, la Corte Suprema emitió un fallo unánime de apoyo al gobierno porteño, lo que desde ya marca que el propósito no era “resolver” un litigio (que ya no existía) sino emitir una “señal”. ¿De qué tipo de señal se trataba? No era una señal judicial, era política. Y no tenía como objeto central ni la autonomía de la ciudad -que nunca estuvo en juego- ni la pertinencia de las medidas del gobierno nacional sino de un claro gesto de desafío a las autoridades electas.
MÁS INFO
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
No entraremos acá en los fundamentos jurídicos de esta afirmación que están magníficamente sintetizados en el artículo de Raúl Zaffaroni, recientemente publicado en La Tecla Eñe: “Epidemiología judicial”, ¿una nueva rama científica?”. La Corte se limitó a defender la autonomía porteña (en este caso en su atribución de fijar las políticas educativas). De modo que el tribunal entiende que la decisión del cierre de las escuelas por un muy breve período en medio de una emergencia sanitaria afecta las políticas educativas de la ciudad autónoma. En ese sentido se podría decir que la fijación de los días feriados es otro atentado a la “política educativa” puesto que “autoritariamente” obliga a cerrar las puertas de las escuelas... El país, como parte del mundo global, sufre una terrible pandemia que todos los días se lleva la vida de muchos y muchas compatriotas. El gobierno actúa intensamente para disminuir los daños e impedir un colapso sanitario y la cúpula judicial lo desautoriza en sus decisiones porque la preocupa que se invada el terreno de las “políticas educativas” … Casi no haría falta agregar que esas políticas no conforman un aspecto en el cual pueda afirmarse mucho la imagen de Larreta, que tiene un sistema educativo masivamente privatizado y una educación pública fuertemente deteriorada.
Está claro que la “temeridad” que aquí señalamos no es solamente del jefe de gobierno porteño sino de todo el frente reunido en busca del debilitamiento y eventual caída del gobierno nacional. Un frente que incluye -como el informe bicameral sobre espionaje ilegal lo demuestra amplia y rotundamente- a lo más corrupto de la corporación judicial, los medios de comunicación oligopólicos y los sótanos serviciales de la democracia. Todo eso con el compromiso favorable de la embajada de Estados Unidos, tal como oportunamente se desprendiera de las declaraciones del hasta hace poco representante de ese país en Argentina, Edward Prado (“vengo a colaborar con la justicia argentina”, dijo al asumir su cargo). Poco tardó la política argentina en saber en qué consistía esa “colaboración”.
El proceso de intento de “golpe blando” en la Argentina ya ha comenzado. Ahora bien, no es el alarmismo y la defensiva política el mejor modo de enfrentarlo y derrotarlo. La agenda política del gobierno, tal como se insinúa en las últimas horas tiene muchos recursos en sus manos. Más aún si se revierte la idea de colocar al equilibrio fiscal como valor supremo de la política económica. Macri volvió a situar al FMI como parte de la escena política, después de que Kirchner le diera el retiro después de pagar la cuenta que había dejado el desastroso neoliberalismo de Menem y de la Alianza. Hay que contar con este nuevo cuadro. Pero también es necesario hacer pesar en la negociación con el Fondo la indudable -y hasta hoy casi no puesta de relieve en la negociación- responsabilidad del organismo en la mega estafa del endeudamiento durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
Sería bueno que el escenario de los próximos meses sea el de un gobierno nacional a la ofensiva. Con la defensa de la vida amenazada por la pandemia en el lugar central de la agenda. Y, al mismo tiempo, con la creación de las mejores condiciones sociales posibles para la gran mayoría de nuestro pueblo, empezando por el aumento del salario de los trabajadores y de las jubilaciones. Con medidas como las tomadas en estas horas a favor de la solidaridad alimentaria. Y también con una ofensiva clara en dirección a una profunda reforma de la justicia, empezando por el hecho de reconocer que la resolución de la corte y sus fundamentos constituye una concreta declaración de guerra y establecer una estrategia y una táctica al respecto.
Enfrentar con éxito las emergencias de la pandemia y de la desestabilización equivale a crear condiciones de fortalecimiento del gobierno y de profundización de un urgente programa de recuperación de la soberanía nacional, de mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías y de profundización de la democracia, hoy amenazada por viejos actores de nuestra historia que hoy se visten con trajes nuevos y distintos, pero son fácilmente reconocibles.