El gobierno de la provincia de Buenos Aires se suma al reclamo de los excombatientes de Malvinas y le exige al sector judicial que los delitos denunciados en relación a torturas recibidas durante la guerra de Malvinas sean considerados “de lesa humanidad” y, por ende, “imprescriptibles”.
La Subsecretaría de Derechos Humanos provincial considera que los hechos ocurrido son “graves violaciones a los derechos humanos”. El planteo se realizó durante una audiencia convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para escuchar las posiciones de las partes en la causa que investiga las denuncias de torturas, a raíz de un recurso de apelación interpuesto por la defensa del exmilitar Gustavo Malacalza, que busca que se cierre el expediente.
El organismo provincial, a través de la Dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, y junto a integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata refutaron los argumentos de las defensas y ratificaron que “los aberrantes crímenes ocurridos en las islas deben ser considerados de lesa humanidad o, al menos, ser tenidos en cuenta como graves violaciones a los derechos humanos, motivos ambos que le otorgan la característica de imprescriptibles por los que deben ser investigados y juzgados”.
Además pusieron de relieve la responsabilidad internacional que acarrearía al Estado nacional que el Poder Judicial, siendo uno de sus tres poderes, no los investigue por revestir tal carácter. De acuerdo al gobierno bonaerense “el planteo de la acusación apuntó a revertir los argumentos de la defensa particular que buscan generar la construcción de un sentido común que intenta instalar la idea de que las múltiples denuncias se tienen sobre las torturas y vejámenes padecidos por los soldados conscriptos durante el período que estuvieron apostados en la Islas en el conflicto bélico ocurrido en el año 1982, no existieron y que, además, se encuentran prescriptos”.
Para la Subsecretaría ello “se inscribe en el relato postdictatorial respecto del sistema nacional de represión y desaparición de opositores políticos que planteaba los hechos como supuestos ‘excesos’”. Es así como “los hechos no están en discusión”, dado que “existe una cuantía importante de actas, documentos y un informe emanado por la propia Fuerza Armadas, donde se ratifican los dichos de los soldados”.
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"Decir que esos son delitos prescritos implica debilitar las instituciones democráticas, y sobretodo avasallar la subjetividad nacional, negando el derecho a la Verdad y el efectivo acceso a la justicia, palabras que no solo son banderas de los organismos de derechos humanos sino absolutamente necesarios para poder ser resguardar la memoria social”, se indicó.
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