La pobreza a fines del año pasado era del 37,7 por ciento, informó el Indec. Menos que seis meses o un año antes pero todavía muy por encima del 35,5 por ciento que reflejaba este mismo índice en diciembre de 2019, en los últimos días del mandato de Mauricio Macri. La actividad económica, en tanto, y tal como suele destacar el gobierno, ya se recuperó a niveles equivalentes a los de 2018 y, en algunos casos, más aún. En esa diferencia, por ahora irresoluble, se incuba la tragedia política y económica argentina de estos tiempos. Por esa fisura caen millones de argentinos que trabajan y son pobres. Allí el gobierno y el Frente de Todos se asoman al abismo.
En política, cuando uno se ve obligado a reaccionar, es demasiado tarde. Las señales de que está cerca el punto de ebullición saltan a la vista de cualquier diagnóstico honesto. El aumento de la conflictividad social y laboral, la derrota de varios dirigentes sindicalistas históricos en manos de oposiciones más intransigentes, la baja participación en las últimas elecciones, especialmente en barrios donde tradicionalmente gana el peronismo. La aceleración inflacionaria de los últimos meses no alcanza a controlarse con las medidas implementadas hasta ahora y las paritarias se quedan cortas a la hora de seguirle el ritmo a los aumentos que ya se acumulan semana a semana.
Mientras todo el mundo se prepara para un 2022 con una inercia de precios mayor a la del año pasado (un problema que, calculan, puede durar doce a dieciocho meses, de acuerdo a lo que tarde en regularizarse el comercio mundial de granos, energía, fertilizantes e insumos para envases), la guerra contra la inflación tiene metas modestas: en la Casa Rosada aceptan, off the record, que terminar el año en el orden del cincuenta y pico por ciento sería más que un triunfo en este contexto. Una hazaña, en todo caso, muy difícil de comunicar para cualquier gobierno, ni qué decir para uno que tiene problemas para capitalizar políticamente logros mucho menos agridulces.
En la Casa Rosada aceptan, off the record, que terminar el año en el orden del cincuenta y pico por ciento sería más que un triunfo en este contexto.
Se discute la posibilidad de una política de shock en los ingresos, como un bono o un aumento por decreto, que ayude a achicar la brecha. La idea tiene padrinos no solamente en la coalición oficialista sino dentro mismo del gobierno, aunque por ahora la decisión presidencial, tal como la manifestó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en El Destape Radio, es no recurrir a esas herramientas. También hay quienes insisten con la idea de establecer un ingreso o salario básico universal, lo que requeriría una modificación sustancial de toda la estructura del gasto social en el país. Una oportunidad, es cierto, pero, con un Congreso dividido, también potencialmente un pantano fatal.
Esa paridad, que se traduce en incertidumbre, es también el obstáculo para avanzar con una nueva ley de retenciones. El proyecto está listo para enviar al Congreso pero los antecedentes del presupuesto y de la modificación del impuesto a los bienes personales, sendos reveses para los impulsores de cada sesión, alimentan el temor a que el debate culmine con una derrota que fije un nivel de alícuotas más abajo y no más alto que el actual. En un escenario tan parejo, los votos de la izquierda son clave pero no puede contarse con ellos: después de pedir por años que la deuda la paguen los que la fugaron, anunciaron ahora que van a votar en contra del proyecto ad hoc del Frente de Todos.
Esa iniciativa, que se propone multar la tenencia de capitales no declarados en el exterior para contribuir, con lo recaudado, al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, demuestra también que, cuando el oficialismo toma la iniciativa y se encolumna detrás de una propuesta acorde con la expectativa de su base electoral, incluso cuando no convenza plenamente a todos los socios de la coalición, como en este caso, rápidamente pasan a un segundo plano los problemas internos y con la misma velocidad aparecen en escena los dramas de la oposición, que a duras penas puede disimular sus diferencias. Es cuestión de afinar la puntería y utilizar sus facultades.
El problema de fondo del Frente de Todos sigue siendo el problema de fondo de la gestión: la falta de resultados del modelo económico cuando se lo mide no con estadísticas sino con el bolsillo. Esa diferencia entre el crecimiento de la economía y el empeoramiento de las condiciones de vida, allí donde se incuba la crisis que a toda costa debe evitarse. CFK apunta contra Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni (con Santiago Cafiero y Julio Vitobello, los “cinco amigos” contra los que apuntó el referente de La Cámpora Andrés Larroque). El presidente los sostiene y se muestra frecuentemente con ellos, demora algunas decisiones necesarias y espera que todo esto también pase.
La cautela del elenco económico para avanzar en medidas más contundentes parte de dos temores. Que la mayor cantidad de dinero volcado en la calle alimente la inflación, diluyendo sus efectos positivos y causando daños colaterales severos, en primer lugar, y en luego que eso dinamice la demanda de dólares, poniéndole fichas a la presión devaluatoria, con efectos igualmente malos. El problema es que la prudencia excesiva puede terminar en una parálisis. “Pragmatismo sin resultados”, en palabras de Máximo Kirchner, que considera que este gradualismo se parece mucho a la teoría del derrame y que los resultados prometidos no están demorados sino que nunca van a llegar.
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