Una vez más. el ex presidente Mauricio Macri es beneficiado por la Justicia Federal. La Cámara de Casación Penal dispuso en el último tramo del 2020 que toda la investigación sobre los intercambios de llamados del ex mandatario Macri y varios integrantes de su gobierno acusados de integrar una asociación ilícita para extorsionar al grupo Indalo quede paralizada.
Lo que sucedió fue que el tribunal admitió un recursos de la defensa del líder del PRO y le exigen a la jueza que lleva adelante la causa, María Servini, que le eleve todas las actuaciones originales.
Según consignó el portal Ámbito, el tribunal le exigió a la magistrada que eleve toda la causa física, no digitaliza. Pero el dato saliente fue que el movimiento ocurrió horas después de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) entregara un informe con el resultado de los entrecruzamientos telefónicos entre Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello, integrantes de la AFIP y posiblemente importantes jueces, en momentos clave del desarrollo de la causa Oil Combustibles. Por esa causa, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, fueron encarcelados.
Otra secuencia que dejó expuesta la jugada de Casación, es que abrió un recurso de apelación sobre medidas de prueba solicitadas en la causa por la jueza que las investiga, algo que no sólo no es “apelable” según el Código Procesal, sino que tampoco podría jamás equipararse a una sentencia firme, única materia en la que Casación está habilitada a intervenir.
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La jueza Servini, a partir de la denuncia de De Sousa, ordenó en julio pasado entrecruzar los teléfonos de Macri, Rodríguez Simón, Torello y otros integrantes de su Gabinete en un espacio temporal amplio. La defensa apeló la medida de prueba (también considerada una situación que no contempla apelación porque se estaría restringiendo la facultad que tiene un juez para recopilar elementos para comprobar un delito) y la acusó de ser excesiva. Entonces, la Cámara Federal le ordenó a la jueza acotar el lapso de su pesquisa y no cruzar llamados durante un período tan amplio.
Ante esto, la jueza instruyó a la Dajudeco a destruir el primer informe y a realizar otro bajo esa premisa. Por esta decisión, Macri le ordenó a sus abogados apelar esa decisión ante Casación, que es el máximo tribunal penal, y que en casos análogos, rechaza automáticamente ese tipo de recursos porque no son equiparables a una sentencia, dado que son apenas medidas de prueba. “Pepín” adhirió a su planteo.
La querella recusó a uno de los integrantes del tribunal, Eduardo Riggi. Argumentó que había sido el mismo juez que ordenó que López y De Sousa regresen a prisión cuando fueron excarcelados por la Cámara Federal, que había confirmado sus procesamientos pero modificó la calificación legal y dispuso su libertad, dado que no había avances en la denuncia por supuesta obstrucción de la justicia que había denunciado Julián Ercolini para disponer su primera preventiva.
La nota que lleva la firma de Gabriel Morini, adelanta que el informe de la Dajudeco promete ser escandaloso. Podría incluir no solo comunicaciones entre el expresidente y el director de La Nación Fernán Saguier días antes de que ocurriera la primera publicación del caso Oil (que gatilló el resto de las acciones que se sospechan coordinadas), sino que coincidiría con el mensaje que había enviado Rodríguez Simón a los accionistas de Indalo sobre que se preparasen “para la guerra”.
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