La Corte Suprema permitió una vez más que el Grupo Clarín continúe con el cobro discrecional y fuera de la ley por sus servicios de cable, telefonía celular e internet. Desde junio de 2021 Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz garantizan que el holding de Héctor Magnetto no respete el decreto que establece límites a las tarifas de telecomunicaciones. En el caso de Rosenkrantz incluso es más grave, ya que es ilegal que firme los fallos porque Clarin es su ex (¿ex?) cliente. El resultado de esta maniobra cortesana es claro: desde que no cumple con la regulación de tarifas el Grupo Clarín repartió casi 1.300 millones de dólares (sí, dólares) en ganancias entre sus accionistas.
Este nuevo favor de la Corte a Magnetto se materializó en 2 fallos donde rechazan planteos del Estado Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) contra la medida cautelar que logró el Grupo Clarín para no cumplir el decreto 690 del 2020 firmado por Alberto Fernández. ¿Qué establece ese decreto? Que las telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. Gracias a sectores del Poder Judicial y en especial a la Corte los servicios de Cablevisión, Fibertel y Personal están exentos de esa regulación estatal. Un derecho humano como las telecomunicaciones es tratado como una mercancía al alcance del que la pueda pagar.
Todo esto tiene una traducción en los balances del Grupo Clarín. Significa ganancias extraordinarias. Los estados contables de Telecom (la firma que concentra los negocios de telecomunicaciones del Grupo) son acceso público, constan en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Algunos funcionarios harían bien en leer más los balances de Clarín y menos su portal. Esos documentos muestran que entre 2021 y 2023, el tiempo que lleva judicializado el decreto de regulación de tarifas, repartió dividendos por 1.296 millones de dólares. Siempre lo hacen en Bonos Globales 2030 y 2035. En detalle, pagaron estos dividendos:
- 2023: 411 millones de dólares
- 2022: 515 millones de dólares
- 2021: 370 millones de dólares
Una gran gestión de la Corte empresarial.
¿Como se llegó a esto? El Grupo Clarín judicializó el decreto 690: no quiere controles. En enero de 2021, en plena feria judicial, el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspender el decreto 690. La empresa apeló y en abril de 2021 logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. El ENACOM apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso.
El caso llegó a la Corte en junio de 2021. Rosatti y compañía primero lo cajonearon por más de un año. Más ganancias para Clarin. Recién en septiembre de 2022 los cortesanos tomaron el caso pero solo para avalar que Rosenkrantz interviniera en su resolución pese a que el Grupo Clarín es uno de sus ex clientes y la ley le prohíbe inmiscuirse. En octubre de 2022, la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre prorrogó por 6 meses la medida cautelar para que Magnetto y sus socios tengan tarifas desreguladas. Hizo lo mismo en marzo de 2023, así que Clarín tiene cautelar hasta septiembre.
En noviembre de 2022, justo después de la prórroga de la cautelar, la Corte en pleno benefició al Grupo Clarín y rechazó 2 recursos de queja. Uno era del Estado Nacional, patrocinado por el procurador del Tesoro Carlos Zannini. El otro del ENACOM, el organismo a cargo de que regular sus tarifas. La fórmula de rechazo fue la misma: los recursos eran contra la medida cautelar gracias a la cual el Grupo Clarín no respeta los límites a las tarifas de telecomunicaciones. El máximo tribunal desestimó los planteos porque no son contra una sentencia definitiva. Lo insólito es que es la Corte no pone límites a la cautelar por la que Clarín continúa con el cobro de sus tarifas mientras no se resuelve la cuestión de fondo. O sea, no hay sentencia definitiva porque mantienen cautelares de forma indefinida.
Ayer hizo lo mismo: rechazó planteos del Estado y del ENACOM porque no son contra una sentencia definitiva. Las medidas cautelares que garantizan las ganancias de Clarin no se tocan.
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