El Gobierno revisará impugnaciones a la fusión Telecom-Cablevisión

Es a partir de impugnaciones a la fusión del holding de Magnetto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y en sede Judicial. La Oficina Anticorrupción también analiza el rol de los funcionarios que la avalaron, protegidos en su momento por Laura Alonso.

10 de noviembre, 2021 | 00.05

El Gobierno se presentó en una causa judicial donde fue impugnada la fusión Telecom-Cablevisión y pidió más tiempo para analizarla y plantear su posición. Lo hizo el lunes, el día que se le vencía el plazo para contestar. La fusión Telecom-Cablevisión ya funciona de hecho pese a las impugnaciones que siguen vigentes en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y en sede Judicial, pero desde la Secretaria de Comercio Interior que comanda Roberto Feletti revisarán esta herencia que dejó el macrismo: una mega corporación que concentra el mercado de las telecomunicaciones bajo la batuta de Héctor Magnetto.

Hay un dato no menor: buena parte de la impugnación se basa en que el ex presidente de la CNDC Esteban Greco y la ex vocal Roberta Bidart, que avalaron la fusión, tuvieron consultoras donde Telecom y Cablevisión eran sus clientes. El caso de Greco fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción, donde Laura “técnicamente no es delito” Alonso reconoció el vínculo previo pero dictaminó que no pasaba nada. El de Bidart fue denunciado hace poco. La actual gestión de la Oficina Anticorrupción esta analizando el caso y juntando pruebas.

La fusión Telecom-Cablevisión no estaba en la agenda de Feletti, que en su desembarco en la Secretaría de Comercio Interior puso como razonable prioridad el control de los precios de los alimentos y productos de higiene y limpieza y ahora los medicamentos. Pero con apenas unas semanas en el cargo se topó con un vencimiento judicial que tenía fecha del 8 de noviembre, el lunes. Era un plazo de 60 días que le dio el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del juzgado Civil y Comercial Federal 3, para que conteste una demanda presentada por la abogada Liliana Zabala, que patrocina a un grupo de trabajadores de Telecom.

Como la fusión fue impugnada tanto en sede judicial como ante la CNDC los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo -en cuya órbita está la Secretaría de Comercio Interior y la CNDC- presentaron un pedido de excepción por falta de agotamiento de la vía administrativa. En criollo: pidieron más tiempo mientras resuelven la impugnación en la CNDC, que funciona de manera desconcentrada pero bajo su órbita.

En el organigrama la CNDC figura debajo de la Secretaria de Comercio Interior pero en los hechos funciona de manera desconcentrada y la cuestión jurídica la llevan los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas. Ahora se les abren varios caminos. Por un lado, analizar la impugnación a la fusión Telecom-Cablevisión que cursa en la CNDC. Es una situación compleja, ya que el mismo organismo la validó durante la gestión Macri. Por otro lado, y en función de lo que resuelva la actual CNDC, el Estado tiene que dar una respuesta en sede judicial, donde puede desde avalar la fusión hasta acompañar el reclamo de la impugnación.

Estas impugnaciones a la fusión Telecom-Cablevisión tanto en sede judicial como ante la CNDC las presentó la abogada Zabala, que patrocina a trabajadores de Telecom. Estos reclaman por su participación en las ganancias de Telecom desde la privatización de Entel. ¿Qué plantea la impugnación? Que “se prohiba la fusión Cablevisión-Telecom por haber sido autorizada por una autoridad incompetente, en contra de legislación vigente y afectando derechos de los consumidores y competidores”. Sostiene además que durante el gobierno de Mauricio Macri los funcionarios que validaron la fusión desde la CNDC violaron la ley de Ética Pública. Se trata de Esteban Greco y Roberta Bidart, presidente y vocal de la CNDC durante la gestión Macri.

Greco trabajó en GPR Economía SA antes de asumir como presidente de la CNDC. La ex titular de la Oficina Anticorrupción, “técnicamente no es delito” Alonso, firmó un dictamen donde dijo que Greco no violó la ley de Ética Pública toda vez que resulta razonable sostener que desconocía el asesoramiento brindado por GPR Economía S.A. a una de las partes”. La consultora de la que Greco era socio tuvo como clientes a Cablevisión, Telecom y el Grupo Clarín.

La propia “técnicamente no es delito” Alonso reconoce en su dictamen que “el Lic. GRECO asesoró a TELECOM en marzo de 2014 (a través de GPR), en el procedimiento de fusión con la firma FINTECH”. Pero a continuación, en el mismo párrafo, Alonso escribió: “Esa vinculación con TELECOM tornó operativo un deber de abstención respecto de la empresa (en virtud del cual el Lic. GRECO se ha abstenido de intervenir en otras actuaciones), y que subsistió hasta marzo de 2017 (al cumplirse tres años de la última prestación de servicios informada por GPR) pero no se encontraba vigente durante el trámite de la fusión que aquí se analiza, el que comenzó en septiembre de 2017”. O sea, para salvar a Greco alegó que cuando firmó el aval a la fusión de su ex cliente ya habían pasado 3 años desde que dejó la consultora. Como si el entonces presidente de la CNDC recién se hubiera enterado del expediente de fusión Telecom-Cablevisión cuando se lo pusieron arriba del escritorio para la firma.

En el caso de Bidart, ex vocal de la CNDC, firmó a favor de la fusión pese a que había trabajado en la consultora GPR SA, que también tuvo como clientes a Cablevisión y Telecom.

Ambos casos están bajo análisis e investigación de la actual gestión de la Oficina Anticorrupción.