El Gobierno intervino hoy la obra social del sindicato de peones rurales (Uatre), la segunda en importancia por el número de afiliados de la Argentina. Lo hizo apenas un mes después de que la Justicia de La Pampa le devolviera al sindicato el control de la Osprera tras una intervención judicial que duró más de un año. La propia norma destaca que la nominación es el paso previo a una intervención.
El control de la administración libertaria se cristalizó hoy mediante la resolución 1612 de la Superintendencia de Salud que nombró a la abogada Virginia Montero como administradora provisoria en base a irregularidades que el Ejecutivo dijo haber detectado en la gestión de la obra social.
Se trata del segundo desembarco directo de la administración de Javier Milei en una entidad sindical prestadora de salud. Como reveló en exclusiva El Destape el 29 de mayo pasado la Superintendencia ya había nombrado en otra obra social, la del Personal del Fósforo (Ospif) a otro administrador provisorio, con el agravante de que en aquella oportunidad puso a cargo a un exfuncionario de la SSS desplazado por sospechas sobre su presunta participación en maniobras de traspasos fraudulentos de afiliados. En el caso de Osprera la principal diferencia es de volumen: la de los peones rurales cuenta con unos 650 mil afiliados, sólo por debajo de la del gremio de Comercio.
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Los desembarcos gubernamentales en ámbitos sindicales se habían hecho moneda corriente en la gestión de Mauricio Macri con más de una docena de intervenciones en obras sociales y gremios. Fueron mecanismos en varias oportunidades a caballo de resoluciones judiciales que le permitieron a aquel oficialismo hacerse de estructuras financieras y territoriales con relativa sencillez. Entre los artífices y beneficiarios directos de aquella modalidad se encontraban Jorge Triaca, el primer ministro de Trabajo de Mauricio Macri, y el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien logró ubicar a funcionarios propios en varias de las entidades intervenidas.
Uno de los puntos más llamativos de la administración impuesta en Osprera es que se ordenó apenas un mes después de que venciera el plazo de la intervención judicial que pesaba sobre esa organización desde marzo de 2023, y que el magistrado pampeano que la había resuelto dispusiera su devolución a las autoridades de la Uatre, con el secretario general, José Voytenco, a la cabeza. En esa oportunidad fue también una resolución a favor de la conducción del sindicato de una interna cruenta que mantuvieron por años Voytenco y su principal rival interno, el dirigente y también diputado (ahora) libertario Pablo Ansaloni.
La novedad, plasmada en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, encendió todas las alarmas en la CGT. En el gremio calificaron en reserva la medida como "un disparate" y destacaron que apenas el viernes pasado la SSS había enviado a sus directivos "unos requerimientos" para luego dar paso este martes a la intervención firmada por el superintendente, Gabriel Oriolo. También destacaron que la resolución no suspendió a la comisión directiva en funciones en Osprera que incluye un veedor judicial.
La resolución pone de manifiesto en sus considerandos "una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre el Agente del Seguro de Salud (Osprera), de incuestionable gravedad" entre los que enumera "las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como, un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo". Apunta a la gestión de Alberto Fernández al exponer que una ayuda otorgada a la Osprera por 3.350 millones de pesos el 4 de octubre de 2023 "evidentemente no fue aprovechada adecuadamente, ya que no solo no logró mejorar la situación de endeudamiento, sino que esta ha empeorado".
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También apunta sobre un incremento de "la deuda prestacional" de 27 mil millones de pesos a 44 mil millones entre octubre y marzo de este año y un pasivo con los hospitales públicos de 1.500 millones de pesos. En tanto que el balance 2023 da cuenta que "la situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros, regular capacidad de repago”. Y añade que Osprera arrastra litigios pendientes que dificultan "su normal desenvolvimiento".
Menciona la resolución una auditoría sobre los grados de satisfacción de los beneficiarios entre 2022 y 2023 que identificó 16.410 reclamos. Además, apunta que la página web de la obra social "no informa sobre la cartilla, ni sobre los coseguros" a la vez que "no cuenta con ningún registro o información (propia o elaborada por prestadores) sobre intentos de suicidio, protocolo IVE, canales de difusión de las temáticas IVE, identidad de género y violencia de género". "Que el relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la OSPRERA en su cartilla médica", añade.
Virginia Montero, la médica clínica nombrada como administradora provisoria, cuenta en su CV de Linkedin con labores como subgerente de Prestaciones Médicas de la prepaga Medifé entre septiembre de 2017 y marzo de este año, y previamente como coordinadora de la guardia de la Clínica Adventista de Belgrano.
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