Militantes bolsonaristas en Argentina: qué hay detrás de la primera postura oficial

La Cancillería brasileña hizo el pedido este viernes luego de que se supiera que varias personas condenadas e investigadas por los actos golpistas del 8 de enero están en el país. Bullrich negó que haya habido algún requerimiento. Trastienda de un escándalo que crece.

08 de junio, 2024 | 16.47

El gobierno ultraderechista de Javier Milei pareciera estar circundado por los escándalos. En medio de una crisis que podría expulsar de la gestión a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, el Gobierno de Brasil emitió un pedido de información sobre 143 condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023. Según pudo saber El Destape, aún no recibieron respuesta y, ante las reiteradas consultas por parte de este medio, primó el silencio por parte de la Cancillería argentina. Hasta el momento, la única funcionaria que se expresó sobre el tema fue Patricia Bullrich que negó haber recibido alguna lista en el Ministerio de Seguridad: “Se mantiene en una propaganda y no en un hecho jurídico válido”, dijo.

El pedido por parte de las autoridades brasileñas llegó este viernes por la tarde, luego de que una investigación del portal de noticias UOL revelara que, al menos, 60 brasileños solicitaron refugio en Argentina durante los últimos meses. La nota de Itamaraty reproduce el oficio del Supremo Tribunal de Federal (STF, máximo tribunal del país vecino) con los 143 nombres de las personas que buscan y fue entregada por el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli. El Destape pudo saber que aún no fue respondida de manera oficial.

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La investigación sobre el intento de golpe contra el entonces recién asumido Luiz Inácio Lula da Silva la lleva adelante el STF en articulación con la Policía Federal. Según informó el portal O’Globo, en el marco de la causa conocida como Lesa Patria ya sabe que unas 65 personas están en Argentina y esta semana –al mismo tiempo que Milei y Lula compartan espacio en la Cumbre del G7- librará el pedido de extradición con la posible inclusión de la emisión de alertas rojas de Interpol, a pedido de la policía brasileña.

La posición argentina

Hasta el momento, Bullrich fue la única funcionaria que se pronunció al respecto en una entrevista con Radio Mitre, en donde dijo no tener “ninguna información” sobre el tema en su Ministerio. “No tenemos alertas rojas sobre esas personas, no tenemos listas”, apuntó y sostuvo que “es difícil pedir extradición si no hay una causa judicial o si no tienen una alerta”. Además, dijo no tener registrado que esas personas se encuentren en el país. “Tenemos confirmado que entran brasileños todos los días”, respondió en tono jocoso. “Por ahora se mantiene como una propaganda, pero no en un hecho jurídico válido”, cerró.

¿Hay o no hay militantes bolsonaristas en Argentina?

La presencia de militantes bolsonaristas en el país es más que pública. El primer indicio lo dio a conocer la investigación de UOL, el 14 de mayo pasado, cuando revelaron que varias personas condenadas e investigadas por el intento de golpe rompieron sus tobilleras y cruzaron la frontera hacia Argentina y Uruguay, muchos de manera ilegal, escondidos en auto o por el Río Paraná. Hasta ese entonces se presumía que eran no más de diez, pero con el correr de los días ese número aumentó.

Desde ese momento, El Destape hizo reiteradas consultas sobre el tema a la Cancillería argentina, al ex Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Migraciones, así como pedidos de acceso a la información pública -con 15 derivaciones entre dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Interior-, que no fueron respondidos. En tanto, pese a las declaraciones de Bullrich, este viernes fuentes del Gobierno cercanas a Milei respondieron ante CNN que están al tanto de la situación y que “si hubiera un pedido de extradición, se analizarán los casos”.

Como si eso no bastara, de todos modos, la presencia de los militantes bolsonaristas se hizo más evidente todavía hace diez días con la llegada del diputado nacional e hijo del expresidente Jair Bolsonarotambién investigado por el intento de golpe. Eduardo Bolsonaro estuvo en el Congreso argentino junto a otros cuatro legisladores y abogados de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero (ASFAV).

Como se contó en esta nota, llegaron al país invitados por la diputada nacional ultraderechista y conservadora María Celeste Ponce para participar del encuentro Censura, libertad de expresión y derechos humanos en Brasil, en el que denunciaron “censura” y “persecución”, sobre todo por parte de la Justicia brasileña y el presidente del STF, Alexander de Moraes. El argumento que sostienen es que llevan contra ellos “procesos sin garantías legales”.

El objetivo central de la visita fugaz fue el pedido de ayuda para que Argentina les conceda los pedidos de refugio a los bolsonaristas. Incluso, los abogados Gabriela Ritter, Ezequiel Silveira y Carolina Siebra se filmaron en las puertas de la Comisión Nacional de Refugiados –bajo jurisdicción del ex Ministerio del Interior- en donde, dijeron, presentaron documentos para dar cuenta de la "persecución política" de las personas solicitantes de asilo político de Brasil.

En las últimas horas, en tanto, fue la misma Policía Federal brasileña la que confirmó a CNN Brasil que lograron dar con, al menos, 48 personas fugitivas en Argentina de las 65 que tienen sospechas y quieren incluir en la lista alertas rojas. Dos de ellos fueron entrevistados por UOL. Luiz Fernandes Venâncio y Marco Antônio Iglesias negaron haber ingresado a los edificios de los Tres Poderes, contaron cómo fue su huida y que ahora ayudan a otros investigados y condenados por los mismos hechos.

A ellos se los investiga por incitación al crimen y asociación criminal, según la denuncia del Ministerio Público Federal brasileño.

Los entrevistados constataron que ya cuentan con un documento provisorio tras iniciar el pedido de refugio para permanecer aquí, que se recibe a los 20 días de iniciado el trámite. UOL confirmó que fueron unas 60 personas las que hicieron esa solicitud en los últimos meses. Ese documento otorga la posibilidad de que vivan, trabajen, estudien y usen servicios de salud durante tres meses y da la posibilidad de que no sean detenidos mientras su solicitud esté en proceso. Pueden ser extraditados en caso de que el pedido de refugio sea negado.

Aunque todavía no se sabe cómo responderá el Gobierno de Milei, es conocido el enfrentamiento con su par brasileño, a quien acusó de “asesino” e incluyó en la lista de países con los que no mantendría relaciones por “comunista”, osó invitar a su amigo y aliado Bolsonaro el día que asumió la Presidencia y, luego, intentar un acercamiento con una carta y un pedido de reunión. La violencia de Milei le valió el desplante en más de una ocasión de Lula, que así y todo decidió ayudarlo para evitar el desabastecimiento de GNC. Los antecedentes, por lo pronto, no son buenos: en seis meses de Gobierno, la gestión mileista ya tiene en su haber cruces y tensiones con Colombia, Chile, China y México y dinamitó el vínculo con España.

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