Efecto Bolivia: El golpe no será reconocido

El proceso político boliviano fue noticia en estos días tras la detención de Jeanine Áñez y otras personas que participaron del golpe de estado contra Evo Morales y Álvaro García Linera en noviembre de 2019. Apenas se conoció la noticia, volvieron inmediatamente los cuestionamientos a la caracterización de aquellos hechos: se desplegaron declaraciones para sostener que no se había tratado de un golpe de estado. Buscar abrir ese debate, tiene distintas implicancias, dos de carácter principal. Por una parte, borrar de la historia un hecho contrario a la democracia y a la Constitución Política del Estado Boliviano; por la otra condicionar al actual gobierno presidido por Luis Arce.

Los hechos históricos no son meras efemérides; marcan y construyen las concepciones sobre la sociedad deseada en términos políticos. Nuestra región incluyó a los golpes de estado durante mas de 60 años, como parte de su dinámica política; las acciones del partido militar gozaban de un reconocimiento semejante a las llevadas adelante por los partidos políticos legitimados en las urnas. Desde luego este reconocimiento no era del mismo modo por el conjunto de la sociedad, que se dividía entre quienes los alentaban, quienes terminaban aceptándolos resignados y los que los combatían.

La conmemoración del 24 de marzo en nuestro país es la imprescindible construcción de la memoria histórica que le busca dar un sentido y una referencia que en la Argentina se resume en el Nunca Mas. No se trata de una “cancelación” a la crítica y revisión de la historia, sino de definir y profundizar la opción por la democracia sin posturas que admitan las excepciones, un camino que ya recorrimos y cuyas consecuencias conocemos. Insisto: no son principios abstractos sobre una ética no enraizada; es la necesidad de sostener la democracia, hoy cuestionada. Y eso es lo que estamos observando en nuestros días. El mismo sábado de la detención, presurosos, varios periódicos aquí y en otras partes publicaron noticias y columnas de opinión cuestionando la detención, justamente apelando el origen: lo de Añez no fue un golpe. Los argumentos no eran muy originales, pecando de analizar el golpe por la escena y no por la esencia. Como no hubo el clásico despliegue de militares frente al Palacio Quemado, y el ingreso de generales para ocupar el sillón presidencial, pareciera que no se trató de un golpe.

En este siglo XXI las acciones políticas irregulares han tomado otra dinámica, pues de hecho las FF.AA. ya no representan el partido militar que condicionó a las democracias en el siglo pasado; hoy en muchos de los países de la región ejercen poder en formas distintas, pero no por eso menos reñidas con la institucionalidad. Lo vimos no solo en Bolivia, sino en Ecuador, en Perú o en Chile. Si un jefe del ejercito le “sugiere” a un presidente renunciar, como sucedió con Evo Morales, es demasiado ingenuo pensar que en esa sugerencia, rodeada al fin y al cabo de armas, no existía una intimación. Para sumar hechos que alimentan la conformación de una acción que interrumpió el orden constitucional, días después se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata donde fueron asesinados manifestantes que defendían al gobierno depuesto, a manos de la policía y el ejército; de allí que la acusación sea de "sedición, terrorismo y conspiración". Por fin, en este nuevo intento por negar la existencia del golpe, se escuchan voces volviendo sobre el proceso electoral en que Evo Morales buscaba ser reelegido y las denuncias de un supuesto fraude, cuyos fundamentos son bastante débiles.

Recapitulando, la lucha por el sentido de los hechos históricos, está plagado de intentos por amortiguar lo sucedido, donde abundan los “pero” y faltan los argumentos. No deja de ser curioso que quienes critican a los modelos populistas por lo que afirman es su falta de institucionalidad, sean tan laxos a la hora de medir las acciones destituyentes o directamente golpistas que hemos presenciado en los últimos años. Porque no cabe duda que las destituciones de Fernando Lugo y de Dilma Rouseff, fueron la antesala de lo de Bolivia. En aquellos casos, contaban con la fuerza política para utilizar herramientas institucionales, con el fin de interrumpir mandatos constitucionales, sin otro argumento que el deseo de quitarlos del gobierno. En segundo lugar, como mencioné, se percibe una acción para condicionar al propio gobierno del presidente Luis Arce.

En esa línea llama la atención celeridad del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien solicitó que el juicio a Áñez sea “imparcial, independiente y justo” sembrando dudas sobre el proceso ya desde su inicio; incluso cuando la misma oficina realizó un informe crítico sobre los derechos humanos durante el gobierno de facto. Recordemos también que el Secretario General del OEA, Luis Almagro, en noviembre de 2019 se refirió a un golpes de estado en Bolivia, pero perpetrado por Evo Morales.

Con esa orientación de los organismos internacionales, es que el apoyo brindado por el gobierno argentino a partir del 10 de diciembre de 2019, y no antes ya que Mauricio Macri se negó a hablar de golpe de estado, cobra una relevancia particular. La decisión de Alberto Fernández fue clave para morigerar el aislamiento en que se encontraba el espacio político de Morales y ahora para Arce. Como fondo, es la situación de inestabilidad en varios sentidos que puede observarse en la región: si los populismos sufrieron diversos reveses desde 2013, las orientaciones de derecha no han logrado converger en la construcción de un “nuevo giro”, muy claro a partir de la derrota de Mauricio Macri en 2019. De allí la disputa por la lectura histórica de lo sucedido en Bolivia y si Áñez debe ser juzgada, lo mismo que su entorno, en este marco de inestabilidad. La respuesta que escuchemos a esa pregunta, nos dirá mucho sobre el futuro que se espera construir.