El Gobierno nacional presentó un recurso para que la Corte Suprema de Justicia trate la primera medida cautelar aprobada contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que había sido firmada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo tras un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida aprobada por la Cámara fue sobre el apartado sobre trabajo del DNU.
En el escrito presentado el lunes por la tarde, el Poder Ejecutivo reclamó que la Cámara del Trabajo "ha privilegiado a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población, lo que resulta inadmisible en el marco de la crisis económica que está viviendo el país y que no permite demoras".
Para el Gobierno, la Cámara "no revela en sí mismo la razón que justifique la concesión de la medida cautelar". El documento agregó: "No ponderó si la suspensión de la norma podría ocasionar peores efectos materiales e irreversibles, en comparación de los hipotéticos perjuicios que pueda alegar la actora. Así, ha privilegiado a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población, lo que resulta inadmisible en el marco de la crisis económica que está viviendo el país y que no permite demoras".
"A su vez que, soslaya que el voto mayoritario de la población, en el marco de la elección democrática convocada en noviembre del año pasado, ha optado por apoyar la política pública impulsada por el Poder Ejecutivo. Mandato popular que la Sala de Feria también ha desoído", añadió el Gobierno.
Más temprano, la jueza nacional del Trabajo Silvia Garzini le había dado 72 horas el Poder Ejecutivo Nacional para emitir su informe por la acción de amparo presentada por la CGT. Sin embargo, el Gobierno directamente hizo la presentación a la Corte Suprema.
La jueza dispuso "habilitar la feria judicial" y "requerir al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de 72 horas evacue el informe circunstanciado al que alude el artículo 8 de la ley 16.986", según surge de la resolución de tres páginas a la que accedió la agencia estatal de noticias Télam. La CGT pretende se declare la invalidez constitucional del DNU 70/2023 porque, a su criterio, viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones "peyorativas y permanentes" en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, nacidos de normas legales y garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución.
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