El caso de la Gestapo antisindical se convirtió en una nueva caja de Pandora del entramado de espionaje ilegal desplegado durante el Gobierno de Mauricio Macri, algo similar a lo que sucedió con el caso D’Alessio. Pero si en esa oportunidad el origen de la investigación fue una denuncia de extorsión pero el allanamiento a la casa del espía ilegal abrió un abanico de líneas de investigación que revelaron las ramificaciones y la capilaridad del uso de espías para la persecución política, en esta el disparador es el video donde ya se ve a tres altos directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) confabulados con empresarios y funcionarios de María Eugenia Vidal. Video, audio y, tal como publicó El Destape, la confirmación en el expediente judicial de que lo que se habló en la reunión se hizo.
El video tiene elementos que aún en el caso de la Operación Olivos, el otro escándalo del lawfare revelado por El Destape, no existían. En ese caso este medio reveló las visitas de jueces como Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la quinta de Olivos en fechas clave de expedientes contra opositores sobre los que Macri tenía especial interés. La cronología que cruzaba las visitas con los fallos judiciales mostró que había una correlación entre ambas. Pero lo que no se podía saber era el contenido exacto de las charlas entre Macri y sus jueces adictos. En el caso de la Gestapo anitsindical los perseguidores quedaron in fraganti: está la fecha de la reunión, los asistentes y el contenido.
Este caso, sin embargo, puede tener una onda expansiva tan o más grande que los anteriores. En el expediente donde se investiga esta asociación ilícita integrada por funcionarios bonaerenses, espías de la AFI y empresarios para armar causas contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina se pidieron una serie de medidas de prueba que pueden abrir la pesquisa hacia caminos inesperados.
Los planteos que realizó en la Justicia el abogado del Pata Medina, César Albarracín, abren una serie de interrogantes: ¿Hubo complicidad sindical con el gobierno de Macri para avanzar contra el líder de la seccional La Plata de la UOCRA? ¿Hay rastros del armado judicial en el celular del secretario privado de Macri, Darío Nieto? ¿En la grabación de la reunión en el Banco Provincia surgen declaraciones sobre acuerdos espurios en la obra pública PRO? ¿Los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani estaban involucrados en la maniobra? ¿De ser así, quedarán complicados en el caso? ¿Y el ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari, que ingresó en varias ocasiones a la agencia de inteligencia a reunirse con ellos mientras avanzaba el “plan Gestapo”, tuvo alguna función en este esquema de persecución que se está estudiando en la justicia federal de La Plata? ¿Y qué dirá Villegas, apuntado al interior de Cambiemos por su silencio, en la Bicameral de Inteligencia?
¿Hubo complicidad sindical?
El abogado del Pata Medina, César Albarracín, solicitó al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak que pida los ingresos a la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y hasta a la AFI del titular de la UOCRA Gerardo Martínez y del interventor de la seccional La Plata de ese sindicato Carlos Vergara. Vergara ocupó el cargo que tenía el Pata Medina. Según Albarracín aparecen ingresos de ellos a Casa de Gobierno en las fechas en que se circunscribió la investigación, es decir, entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año. Ambos se reunieron con Macri por varias horas.
Es otro punto similar con la Operación Olivos, donde El Destape reveló reuniones secretas entre algunos dirigentes sindicales y Macri. Tiempos de atriles de la CGT que volaban por los aires como reclamo contra el colaboracionismo de algunos jefes de gremios.
El pedido del letrado no solo refleja el histórico enfrentamiento entre Martínez y Medina. También deja en evidencia que desde el entorno de quien fuera el titular de la seccional La Plata de la UOCRA sospechan que Martínez pudo haber tenido alguna participación por acción u omisión en la avanzada en su contra. Por ejemplo, el diario La Nación publicó que la ofensiva contra el “Pata” tuvo su inicio en marzo de 2017, cuando Gerardo Martínez, habló sobre Medina con el entonces presidente Macri durante un viaje oficial al Reino de Holanda. Esto fue rechazado por el titular de la UOCRA pero a la luz de los pedidos del abogado Albarracín las explicaciones brindadas no fueron suficientes, al menos por ahora.
El celular de Nieto
Albarracín también requirió que se pueda acceder al teléfono de Darío Nieto, secretario privado de Macri. Allí podría haber rastros del armado judicial en contra de Medina. Según publicó la periodista Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna, “el 26 de septiembre de 2017, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, detuvo al Pata Medina. El 13 de octubre lo procesó por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. El 18 de octubre, Armella buscaba a Macri. De acuerdo con lo que surge de la libreta de notas del secretario privado Darío Nieto, Villegas llamó al entonces Presidente para decirle que el juez de Quilmes quería hablarle”. Efectivamente esa nota figura en el celular de Nieto y la defensa del “Pata” Medina quiere que se incorpore como prueba del armado de esta causa. Villegas es el ministro de Trabajo de Vidal que está imputado en el caso Gestapo y participó de la reunión en el Banco Provincia en donde aseguró que el armado judicial estaba cerrado. “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial”, llegó a decir ante sus interlocutores. La Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia convocó a Villegas para la próxima semana.
¿Corrupción en la obra pública PRO en La Plata?
“Los registros de video contienen múltiples referencias que permiten establecer como hipótesis adicional la existencia de un acuerdo espurio de contenido económico relacionado con la obra pública”, afirmó Albarracín. Por eso, el abogado pidió en la Justicia que se certifiquen ciertos testimonios de la reunión que podrían dar cuenta de corrupción en la obra pública PRO en la ciudad de La Plata. Se trata de un capítulo aparte de esta historia de la Gestapo antisindical.
Arribas, Majdalani y Ferrari
¿Los jefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron parte de la asociación ilícita que se está investigando? Un punto central es que ningún alto jerarca de la exSIDE concurre a una reunión como la de la Gestapo sin el aval de sus superiores. Menos aún, ordena grabarla. Y fueron parte de aquel encuentro: el jefe de gabinete de la agencia y cuñado de Majdalani, Darío Borci; el director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, que también respondía a Majdalani; y el director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, un angelicista que era el Nº 3 en jerarquía de la agencia. Los tres están imputados en el caso.
Los personajes son los mismos que están involucrados en la megacausa de espionaje que comenzó en Lomas de Zamora y fue absorbida por la ciénaga de Comodoro Py. En ese expediente los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, designados por Macri un por concurso y otro a dedo, sostuvieron que el espionaje a dirigentes políticos, sociales y sindicales desplegado por la AFI era cuenta propismo de los espías del escalafón más bajo. Ese fallo, como lo sintetizó Nicolás Lantos, envejeció mal. A los pocos días se conoció el video con los popes de la AFI armando una causa judicial contra el “Pata” Medina.
Mientras el juez Kreplak solicitó a Presidencia que informe si esos tres espías ingresaron a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre 1 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de aquel año, el abogado del “Pata” Medina pidió que se requieran los ingresos de Arribas y Majdalani a esos mismos domicilios presidenciales. El letrado también quiere que se informen los ingresos del ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari, a Olivos y la Rosada. Se trata del jefe de Adrián Grassi, el subsecretario de justicia bonaerense durante el macrismo que está imputado en la causa.
Tal como publicó El Destape en exclusiva, Ferrari cuenta con 5 ingresos al organismo de inteligencia en el período investigado por Kreplak. Se reunió tanto con Arribas como con Majdalani. Se estima que podría quedar involucrado en la causa en poco tiempo.
A estas solicitudes, se suma el pedido de Albarracín para conocer los ingresos a La Rosada, Olivos y la AFI del procurador bonaerense Julio Conte Grand. El jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires informó este jueves ante la Comisión Bicameral de control de los Organismos de Inteligencia que estuvo en más de una oportunidad en la exSIDE y se reunió justamente con Arribas y Majdalani. Dijo que fue en el marco del G-20. Una explicación muy poco convincente y que ya se sabe fue la excusa que utilizaron para encubrir las operaciones de inteligencia ilegales.
Los pedidos que realizó el abogado del “Pata” Medina dan cuenta de que para el letrado la asociación ilícita que se investiga en los tribunales federales de La Plata contó con diversos actores que cumplían funciones en distintas áreas del Estado, como el Poder Judicial y los gobiernos bonaerense y nacional, pero también había tenido el apoyo de empresarios y sindicalistas.
Cerrar sesión