Los empresarios de la construcción que participaron de la reunión en la que se planteó la conformación de una "Gestapo" antisindical no se presentaron este martes a declarar ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso argumentando tener COVID-19 o encontrarse fuera de la Ciudad. Desde la comisión adelantaron que volverán a citarlos y que, en caso de no asistir, le pedirán al gobierno de la provincia de Buenos Aires que los retire del registro de proveedores por su negativa a colaborar con la investigación. Por otro lado, la subcomisión recibió un informe de la empresa Axis Communications, que aparece en la marca de agua de la filmación, que comunicó que no vende sus productos en el país pero que tiene dos firmas locales que los representan, de las que pasó el nombre y serán contactadas.
Para este martes habían sido citados los empresarios Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP y Guillermo Moretto, titular del Colegio de Arquitectos de La Plata, todos presentes en la reunión convocada por el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, junto a tres altos funcionarios de la AFI. "Los convocatorias fueron a fin de año y es lógico que ya tuvieran programadas sus vacaciones. Uno de ellos incluso explicó que se contagió coronavirus", justificaron desde la subcomisión que preside el diputado Leopoldo Moreau. No obstante, para convencerlos, anticiparon que podrían sacarlos de la lista de proveedores en Provincia. Pero adelantaron que creen que colaborarán. "Mostraron buena disposición", aseguraban.
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La Bicameral no tiene poder para aplicar sanciones pero los informes que elabora son remitidos a la Justicia para colaborar -y muchas veces acelerar- las investigaciones. Igual, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y la fiscal federal Ana Russo vienen mostrando la intención de no demorar la recolección de pruebas. La fiscal amplió ayer la imputación a todos los que aparecen en el video.
La empresa
Justamente, la filmación tiene un sello de agua de la firma suizo norteamericana Axis, que remitió un informe al Congreso explicando que no comercializa sus productos con destinatario final, es decir, que trabaja con empresas intermediarias. En su comunicación individualizó a los dos proveedores con los que comercializa en el país, que serán contactados por la Bicameral. Los legisladores interpretan como un dato decisivo saber quién compró o alquiló los equipos de filmación y sonido con los se grabó la reunión. La interventora de la AFI, Cristina Camaño, ya anticipó que fue la propia agencia la que colocó las cámaras, se supone que de manera clandestina, en esas oficinas que utilizaba la gobernadora María Eugenia Vidal. Habrá que ver qué funcionario contrató los equipos y la utilización que se les dio.
Axis está vinculada a la consultora Rusell Bedford y la firma Exanet, también dedicada a cuestiones de seguridad. Ellos instalaron las 800 cámaras en Vicente López, el municipio que gobierna Jorge Macri, y también hicieron trabajos en otras intendencias por entonces gestionadas por el PRO como Quilmes y Pilar.
La subcomisión recibió también un informe muy detallado desde el Banco Provincia respecto a la utilización de esa sala y, en concreto, respecto a quienes estuvieron el día de la filmación, con su hora de llegada y de salida. Los legisladores tienen previsto ir hasta la sede para realizar una inspección ocular a las oficinas para hacerse una idea de la ubicación de las cámaras y de cómo ocurrieron los hechos.
Dos testimonios
Con todo, más alá de este minucioso trabajo de recolección de datos, las mayores expectativas están puestas en dos citaciones que se efectivizarán en los próximos días. El jueves, ex subcomisario y contador Hernán Casassa fue citado para que ratifique si su voz es la que se escucha en dos audios que detallaban el funcionamiento de una mesa judicial bonaerense similar, pero para perseguir políticos opositores y no sólo sindicalistas. El subcomisario daba allí detalles sobre los operativos realizados contra el ex gobernador Daniel Scioli, su ex jefe de gabinete Alberto Pérez y a un centenar de otros domicilios. "Con respecto a cómo viene Asuntos Internos, que es exactamente la oficina en la que, por orden de Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo", se lo escucha a Casassa comentar en uno de esos audios que ahora deberá confirmar ante la subcomisión.
El otro testimonio que se aguarda es el del propio procurador bonaerense Julio Conte Grand, citado para el martes 18. Quieren que explique sobre las afirmaciones del ex ministro Villegas, acerca de que ya habían arreglado con él el armado de la causa contra el sindicalista de la construcción "Pata" Medina. En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, el bloque de legisladores del Frente de Todos busca avanzar en el inicio de un juicio político contra el procurador, responsabilizándolo de ser uno de los cerebros del armado.
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