Que el descarnado deseo de “una Gestapo para terminar con los gremios”, expresado por el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas, y que desnuda brutalmente la estrategia de persecución judicial desplegada durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, no tape la revelación de nueva evidencia contundente de que Mauricio Macri espió, en su mandato, no solamente a opositores sino además, y quizás principalmente, a los propios dirigentes de su espacio, funcionarios de su gobierno y colaboradores más estrechos, de quienes dispone de material comprometedor.
Ese dato, muchas veces soslayado en los análisis, que ya se conocía a partir de otras líneas de investigación judicial y periodística y queda confirmado a través de los videos reportados ayer por la AFI, no puede dejarse de lado a la hora de evaluar las decisiones, estrategias y posicionamientos dentro del macrismo, no solamente durante su gobierno sino, principalmente, después. La disputa por la conducción del PRO y de Juntos por el Cambio en general de cara a 2023 y el posicionamiento de la oposición ante cada iniciativa del gobierno ya no puede leerse sólo en clave política. Es otra cosa.
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El video que se dio a conocer ayer fue tomado en una sala del edificio del Banco Provincia en el centro porteño, literalmente al lado del despacho que usaba María Eugenia Vidal varias veces por semana. La gobernadora encabezó por lo menos un centenar de reuniones en esa misma sala, confirmaron sus colaboradores. Ahora que salió a la luz que estuvo intervenida por la AFI, es posible que muchos otros dirigentes del PRO se estén preguntando a qué otras oficinas tuvieron acceso los espías de Macri. Hasta dónde llegaban los ojos y los oídos del jefe.
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Las novedades también angostan considerablemente el verosímil de la hipótesis de que los numerosos hechos de espionaje ya comprobados en diversas causas judiciales obedecen a cuentapropismo y no a un plan ejecutado desde la cima del Poder Ejecutivo. Es la línea a la que se aferraron los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens para descartar, la semana pasada, la existencia de una asociación ilícita en el marco de la causa que se inició en Lomas de Zamora e investiga más de 300 casos de espionaje sobre dirigentes oficialistas y opositores y hasta familiares de Macri.
Aunque en público defienden al expresidente, en esa causa son querellantes la propia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Emilio Monzó, todos ellos víctimas silenciosas del espionaje macrista. La madre de los hijos de Santilli, la periodista Nancy Pazos, dio los detalles que su exmarido no quiere sacar a la luz, primero en twitter y luego en su programa de radio: "Cuando yo digo y dije que espiaban a mis hijos es porque a Santilli le habían plantado gente adentro de la casa. Macri espiaba la casa donde iban mis hijos". Agregó que se trataba de un modus operandi del expresidente.
Los hechos parecen darle razón. Además de la causa que desbarataron Bertuzzi y Llorens, donde se investigan más de 300 casos de espionaje, existen investigaciones concurrentes: instalación de bases de la AFI en el Gran Buenos Aires para espiar partidos políticos y movimientos sociales, inteligencia ilegal sobre familiares de las víctimas del ARA San Juan, la banda del espía Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli y la conformación de una mesa judicial como vértice de ese armado paraestatal. Como ayer, sigue apareciendo evidencia que echa luz sobre nuevas aristas de esa estructura.
El desafío de desbaratarla es doblemente difícil porque los mismos actores que antes eran el ariete contra el peronismo hoy son la primera línea de defensa de los intereses que Macri representa mejor que nadie. Ese liderazgo no puede entenderse sin tomar en cuenta que el expresidente aún cuenta con material de inteligencia sobre sus propios compañeros de ruta, que todavía prefieren ser subordinados en un esquema mafioso que nunca cambiará de dueño antes que denunciarlo. Si les falta valor o tienen secretos oscuros que no quieren revelar, habría que preguntárselo a ellos.
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